Arturo Fernández se ve obligado a apartarse temporalmente de la CEOE

Los empresarios han empujado a Arturo Fernández, vicepresidente primero de CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, a que «reflexione» sobre su permanencia en estos cargos una vez que la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación por las denuncias de supuestos pagos en 'negro' a sus trabajadores. Durante el comité directivo de CEOE celebrado ayer, el presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Ángel Lujua, planteó que Arturo Fernández debe «dar un paso atrás» como representante relevante de los empresarios españoles «hasta que se dilucide la veracidad, o no, de las graves acusaciones que se le imputan».

Así lo explicó en un comunicado Confebask, que aseguró que respeta la presunción de inocencia del vicepresidente de CEOE, pero que por encima de cualquier consideración debe primar el interés y buen nombre de la organización.

Tras Lujua, intervino el presidente de la patronal química, Luis Serrano, que también instó a que se retirara de la primera línea por el bien de CEOE y para ejercer con más libertad su propia defensa. Aunque Lujua y Serrano fueron los que se significaron públicamente, durante la reunión hubo voces menos públicas en la misma línea y, sobre todo, reclamando que se establezca estatutariamente que si algún alto cargo de CEOE se ve implicado en casos similares no siga ejerciendo. En la patronal trabajan precisamente en la elaboración de unos estatutos que incluirán un código deontológico para que CEOE no tenga que enfrentarse a qué decisión tomar cada vez que salte un escándalo.

La sombra de Díaz-Ferrán

Escarmentados por lo sucedido con el anterior presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión bajo fianza por presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales, muchos empresarios no están dispuestos a que sea discutida o discutible la conducta de otro de sus representantes. En todo caso, ni del comité ni de la junta de CEOE salió una crítica mayoritaria ni una reprobación de Fernández.

El propio Arturo Fernández solicitó en la Junta de CEOE -celebrada tras el comité- «un periodo de reflexión» para tomar una decisión, a lo que el presidente de CEOE, Joan Rosell, contestó: «Haz lo que debas». Posteriormente, el vicepresidente de los empresarios matizó que una reflexión «no es una dimisión». Preguntado por los periodistas si durante ese periodo de reflexión iba a plantearse su dimisión, comentó que «la reflexión es sobre la vida misma». Antes de entrar a una reunión de CEIM, la patronal madrileña, agradeció el apoyo de Juan Rosell, y de sus vicepresidentes, así como de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, de la que también es presidente. Sobre la petición de Confebask se limitó a decir: «Agradezco su opinión».

Y mientras el vicepresidente primero de CEOE reflexiona, CC OO de Madrid ha solicitado una reunión de urgencia con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Madrid para entregar las denuncias presentadas desde 2009 sobre supuestos pagos irregulares por Arturo Fernández a trabajadores de sus empresas. Según CC OO, hubo denuncias sobre la cafetería del Tanatorio de la M-30, la del Congreso de los Diputados, la de Torrespaña, la cafetería y restaurante Metrovacesa-Sanchinarro y la cafetería en la sede Orange, Telefónica I+D, en las que acabó regularizándose el pago de horas extra.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmó que todos los contratos que tiene la administración con las empresas del presidente de CEIM cumplen «los requerimientos legales», pero que si se hallara algún «incumplimiento administrativo», se rescindirán. «Si hay alguna ilegalidad, que se persiga y se sancione, si hay incumplimiento administrativo, que se corrija, y si hay que rescindir un contrato, que se haga, pero es una irresponsabilidad poner una sospecha permanente», criticó González.

Por otra parte, la Junta de Andalucía exigió a una de las empresas de Fernández que devuelva una subvención al no ejecutarse la actuación para la que se concedió. El consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, explicó que es «el procedimiento habitual». «Se concedió una subvención de 1,6 millones de euros, se adelantó el 20% y, toda vez que no se ha ejecutado, desde la Consejería hemos actuado como en todos los casos», afirmó.