La ley de Transparencia no tendrá más límites que la norma de protección de datos

El Gobierno andaluz prepara una ley de Transparencia con el único límite que lo que dicta la norma de protección de datos. Así lo avanzó anoche la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, al exponer en el Parlamento las iniciativas y prioridades para el nuevo periodo de sesiones. Díaz, como el presidente andaluz por la mañana en la reunión con el grupo socialista, hizo hincapié en que, junto al empleo, la transparencia de la actividad política será dos de los objetivos principales del año legislativo que arrancó ayer.

La consejera de Presidencia avanzó que la norma andaluza tendrá en cuenta la ley estatal, pero solo en su «mínimo contenido». El Ejecutivo andaluz ambiciona ir más allá para que los ciudadanos perciban claridad y transparencia en la actividad de los gobernantes y representantes políticos y de esta forma recuperar la confianza perdida con los casos de corrupción.

Griñán ya avanzó que se obligará a los cargos públicos a justificar con su patrimonio sus ingresos, como reiteró ayer ante el grupo socialista. También que se prohibirá la percepción de un sueldo, público o privado, al margen de la retribución como diputado o cargo de gobierno. Griñán enfatizó, no obstante, que los ciudadanos deben entender que los políticos deben percibir un «sueldo digno» para evitar así la tentación de sobresueldos. La norma afectará a todas las administraciones, no solo a la de la Junta de Andalucía.

Según ha podido saber este periódico, el Gobierno andaluz tiene previsto aprobar la ley de Transparencia al final de primavera, para que entre en el Parlamento al comienzo del curso legislativo en septiembre y esté aprobada en el último trimestre del año.

Griñán y Susana Díaz subrayaron ayer en sus intervenciones que la transparencia debe garantizar un mejor acceso de los ciudadanos a la información que concierne a las administraciones. Griñán habla de gobierno abierto, para que los ciudadanos puedan conocer sin trabas cualquier contrato de bienes y servicios de las administraciones o las informaciones que reclamen. Se trata de «mejorar las relaciones entre representantes y representados», subrayó Díaz.

La consejera de Presidencia anunció que se creará un instrumento de control de las informaciones que requieren los ciudadanos al margen de la estructura de la Administración, aún por concretar. Este instrumento arbitrará en los conflictos que surjan entre los ciudadanos y las administraciones para resolver sus quejas.

El presidente Griñán ha encomendado a la mesa de partidos creada en el seno del pacto por Andalucía que debatan iniciativas que luego pueden ser recogidas en la norma o recogidas en otras normativas. El Partido Popular quiere incidir en las incompatibilidades no solo de los cargos públicos, sino también de los familiares de estos en lo que concierne a contratos con la administración. Izquierda Unida propone una mayor vigilancia de la financiación de los partidos, bien a través de la Cámara de Cuentas o con la prohibición de donaciones de las empresas a los partidos, en lo que coincide el PSOE.

El Pleno dedicó un emotivo homenaje a la diputada socialista fallecida en Navidad, Araceli Carrillo.