El exalcalde y Botella defienden el acuerdo de Madrid con Urdangarin

Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella defendieron ayer el acuerdo que la sociedad municipal 'Madrid 16' firmó con la fundación de Iñaki Urdangarin y que reportó al duque y a su socio Diego Torres 120.000 euros en donaciones sin que la fundación realizara trabajo alguno. El exalcalde y su sucesora en el Ayuntamiento cerraron filas con la exconsejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, que fue la última responsable de que se entregaran 6.000 al mes durante dos años a la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (FCDIS), sin que estas partidas fueran siquiera autorizadas en documento alguno.

El ministro de Justicia aseguró que Coghen, que ya está imputada en el 'caso Nóos', «hizo siempre lo que pensaba en aquel momento que era mejor para la candidatura, lo más conveniente». En la misma línea, Botella dijo estar «totalmente convencida» de que la exjugadora de hockey actuó «de buena fe» cuando aprobó la «donación».

«El tema de hacer 'lobby' es difícil de cuantificar», señaló la alcaldesa en referencia a que la explicación que Coghen dio ante el juez José Castro la pasada semana. Argumentó que Urdangarin cobró esa cantidad por las gestiones que hacía con los miembros del Comité Olímpico Internacional para promocionar Madrid. Los propios gestores de la candidatura presentaron un documento de Fundación Cultura, Deporte e Integración Social en la que Torres y Urdangarin dijeron tener contactos con 31 de los miembros del COI a los que podría «acceder con cierta facilidad».

Además de Mercedes Coghen, el juez Castro se desplazó a Madrid la semana para interrogar a otros dos responsables de la candidatura como imputados y a siete testigos, entre ellos el delegado del área de gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado las 18 «donaciones» del consistorio a FCDIS sin respaldo legal alguno entre octubre de 2007 y noviembre de 2009.

Este viaje y el que esta semana ha hecho el magistrado a Barcelona para seguir con la instrucción del 'caso Nóos' han levantado la suspicacias en el órgano de gobierno de los jueces.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial reclamó a Castro que explique las «circunstancias excepcionales» que le han llevado a la capital catalana para llevar a cabo varias diligencias que ha declarado secretas.