PSOE y PP se culpan de los recortes en la Ley de Dependencia

Los recortes en la Ley de la Dependencia, que afectarán especialmente a los pequeños municipios de la provincia, genera un nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE. Los socialistas, a través del diputado provincial por la Sierra, Alfonso Moscoso, han criticado que estas localidades se podrían quedar sin posibilidad de aplicar esta Ley por «la supresión, por parte de la Diputación, de los contratos de los administrativos y trabajadores sociales».

Esta crítica la realizó el diputado socialista tras una reciente visita a Torre Alháquime, donde su alcaldesa, la también socialista Noelia Ruiz, mostró su preocupación por la «estabilidad laboral del administrativo y la trabajadora social que prestan su labor en la localidad, que son los encargados de todo el proceso, desde la recepción de las solicitudes hasta la realización de los informes preceptivos y las posteriores visitas a los beneficiarios».

Dicha crítica no ha tardado en tener respuesta, que ha llegado de la mano del diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García. El mismo ha recordado a Moscoso que ha sido la Junta de Andalucía la que ha recortado las partidas destinadas al personal de refuerzo de la Ley de Dependencia, y en concreto, la partida destinada al personal administrativo, por lo que «es la Junta la que pone en la cola del paro a los administrativos de refuerzo de la Dependencia si no dota económicamente de manera conveniente su competencia», destacó.

García ha criticado la «ligereza» con la que Moscoso «se lanza» a criticar al equipo de Gobierno de la Diputación por la gestión de la Ley de Dependencia cuando es conocedor, «o debería serlo», de que se trata de una competencia de la Junta. Igualmente, ha mostrado su extrañeza ante la «facilidad de crítica» de Moscoso, ya que «debería de conocer de primera mano la situación de los trabajadores sociales y los administrativos» porque fueron explicados en el último Pleno ordinario de la Diputación del 23 de enero, donde se aprobó instar a la Junta a ampliar los créditos destinados a la contratación de personal para la Ley de Dependencia.

García, destaca que la Junta ha recortado a nivel regional en diez millones de euros la partida destinada a este concepto, pasando de los 20,3 millones de 2012 a los 10,3 de 2013. García ha señalado que en lo concerniente a la Diputación el recorte ha sido igualmente del 50% para el personal de apoyo.