Punto y final

El proyecto de Las Aletas se debate entre la vida y la muerte. Más bien lo segundo. La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado jaque mate al principal desarrollo industrial de la Bahía al descartar su interés autonómico, es decir, no está justificada esta actuación en un suelo protegido y de dominio público. La justicia, lenta pero firme, ha dado también la razón a los antiguos propietarios de los terrenos que fueron expropiados en 2007. Los más pequeños no soportaron el coste del pleito y tragaron con las indemnizaciones ridículas de la Junta, mientras que los dos grandes titulares del suelo, afectados por la intervención urbanística, aguantaron el tipo hasta que los jueces les han dado la razón. El tercer parque logístico y empresarial de Andalucía se encuentra en un estado de coma profundo después de diez años de gestión y preparativos. El fallo del tribunal andaluz viene a complementar otras sentencias que, desde el primer momento, advirtieron que algo se estaba haciendo rematadamente mal. El grupo ecologista Adena logró meterle un golazo a la Junta en 2009 cuando recurrió el proyecto ante el Tribunal Supremo. En septiembre de ese mismo año los magistrados tumbaban el desarrollo de Las Aletas por vulnerar la Ley de Costa. La actuación prevista no se podía llevar a cabo en una zona inundable de dominio público marítimo terrestre. Así de claro y de contundente. Este fallo judicial fue el detonante de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. El Supremo advertía de la ilegalidad manifiesta en la que se movía el futuro parque industrial de Cádiz. Tras este veredicto vinieron los parches. La Junta siguió adelante con los trámites para blindar el proyecto ante nuevos reveses judiciales, mientras que el Gobierno de la Nación, entonces en manos del PSOE, trató de salvar los muebles con una modificación puntual del proyecto. Sin embargo, el cáncer de Las Aletas ya tenía metástasis. La evolución de los hechos nos lleva ahora a preguntarnos por los culpables de este cúmulo de despropósitos. Cómo un proyecto de tanto calado y clave para el desarrollo económico de la provincia podía estar sustentado por unos cimientos de barro. Ha bastado el recurso de unos ecologistas para poner en entredicho a todo el servicio jurídico de la Junta de Andalucía y ha bastado también la perseverancia de dos propietarios para dejar en fuera de juego a los gestores del proyecto, es decir, al Gobierno andaluz. Diez años perdidos por no haber previsto los contratiempos. La Junta quiere ahora modificar la ordenación de Las Aletas para reflotar el proyecto industrial, pero acaba de embarcar la pelota en el tejado del Gobierno de la Nación, el PP, para que acepte los cambios, de lo contrario, seguirán los palos judiciales. La actuación en Las Aletas, tal como se concibió en el año 2000, no es viable. Este proyecto ha llegado al punto y final y toca ahora hacer borrón y cuenta nueva. Que cada uno asuma su cuota de responsabilidad por el fracaso.