El Gobierno pedirá al Constitucional que anule la declaración soberanista

De las palabras a los hechos. El Gobierno está a punto de dar el primer paso para bloquear la operación secesionista del Ejecutivo de Artur Mas y de sus socios de Esquerra Republicana. El Consejo de Ministros solo espera a recibir el dictamen del Consejo de Estado para acudir al Tribunal Constitucional a reclamar que anule de inmediato la declaración catalana de soberanía, aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento autonómico.

El acuerdo oficial todavía no está tomado, pero la vicepresidenta del Gobierno admitió ayer que el informe elaborado por la Abogacía del Estado, que concluye que hay motivos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración, será «un elemento muy determinante, un argumento muy importante, a la hora de tomar una decisión». Mariano Rajoy, que en breve recibirá a Mas en la Moncloa, quiere dejar claro que va en serio y que no permitirá movimiento secesionista alguno. La decisión definitiva podría adoptarse en el próximo Consejo de Ministros, o más tardar en el siguiente, según lo que se demore el análisis que le han encargado al Consejo de Estado, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera que refrende los argumentos jurídicos de la Abogacía, aunque, por si acaso, recuerda que es preceptivo, pero no vinculante.

La presentación del recurso de inconstitucionalidad supondrá la suspensión inmediata del acuerdo del Parlamento catalán por un plazo mínimo de cinco meses, ya que el tribunal está obligado por la Carta Magna a adoptar la medida cautelar si así se lo pide el Gobierno, que lo hará. Pasado el plazo, y si la corte aún no ha resuelto el fondo del recurso, los magistrados deberán decidir si levantan la suspensión preventiva o la prorrogan. Es lo mismo que ocurrió con la implantación del euro por receta en Cataluña y Madrid y con otras disposiciones autonómicas impugnadas.

El Gobierno tuvo claro su movimiento nada más conocer las conclusiones del informe de los servicios jurídicos del Estado. La Abogacía, según el resumen hecho público por Soraya Sáenz de Santamaría, concluye que la resolución parlamentaria es «inconstitucional» porque declarar «la soberanía del pueblo catalán y su derecho a decidir sobre su futuro en su condición de sujeto jurídico y político» vulnera como mínimo cuatro de los artículos troncales de la Carta Magna. Recomienda buscar la derogación en los tribunales ya que entiende que no se trata de un mero brindis al sol sino de una iniciativa que tiene «efectos jurídicos».

El dictamen indica que la resolución viola tres artículos del Título Preliminar de la Constitución. El 1.2, que detalla que la soberanía reside en el pueblo español y es un todo indivisible; el 2, que consagra la indisoluble unidad de la nación; y el 9, que recuerda a todos los poderes públicos, incluidas las instituciones catalanas, que están sometidos al ordenamiento jurídico y, especialmente, a su cúspide, la Carta Magna.

Acto recurrible

También considera que infringiría lo dispuesto en el artículo 168, que marca un procedimiento con mayoría cualificada en las Cortes Generales, elecciones y referéndum como único método legal para la modificar lo dispuesto en los capítulos especialmente protegidos de la Constitución. El mismo documento dice, según explicó la vicepresidenta, que la resolución catalana es un acto recurrible y anulable por el Constitucional porque es una disposición que «produce efectos jurídicos extra, en tanto en cuanto busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional» como es la celebración de un referéndum de autodeterminación en el año 2014.

Por este motivo, el Gobierno descarta que el recurso pueda terminar en el chascó que se llevó el Ejecutivo de José María Aznar con su impugnación precipitada del denominado 'plan Ibarretxe', que, pese a todo, acabó sepultado en el Congreso. Entonces, el Consejo de Ministros acudió al Constitucional nada más ser calificado el documento por la Mesa del Parlamento vasco.