El Tribunal de Cuentas reclama más límites al gasto electoral
Pide sanciones para las 27 empresas que no enviaron las facturas de 1,2 millones por sus trabajos para los partidos en las generales de 2011
MADRID.Actualizado:El Tribunal de Cuentas se queja de que los partidos intentan reiteradamente que acepte como gastos justificados de las campañas electorales, y por lo tanto subvencionables por el Estado, desembolsos que «no son imprescindibles» para asegurar la buena marcha de los comicios.
La institución, sin embargo, aclara que desde las autonómicas y municipales de 2011 rechaza sistemáticamente en sus informes validar entre los gastos subvencionables todos aquellos que no se ciñan a la interpretación «estricta» de los enumerados como justificados en el articulo 130 de la ley electoral.
Las recomendaciones a las Cortes Generales de su último informe, el correspondiente a las elecciones generales de noviembre pasado, piden a las cámaras y al Gobierno que hagan un desarrollo normativo de la ley que deje claro que solo se considerarán gastos electorales los descritos explícitamente, porque considera injustificados los derroches en la actual situación de crisis. Ya no acepta ni aceptará, avisa, como tales las encuestas de intención de voto, los incentivos a personal de plantilla, los gastos de manutención injustificados, los desembolsos de funcionamiento no estrictamente electorales, u otros similares.
La oferta más ventajosa
Con igual objetivo, recomienda que los partidos estén siempre obligados a contratar «la oferta más ventajosa» para sus actuaciones en la campaña -al menos para los desembolsos más importantes- y que eviten la concentración de adjudicaciones en un mismo proveedor de servicios. De hecho, explica cómo ha impedido que Amaiur compute como gasto electoral los casi 108.000 euros que un proveedor de servicios, que concentró el 61% de sus desembolsos de campaña, le cobró por gestionar y coordinar la subcontratación de estos trabajos.
La restrictiva actitud del tribunal a la hora de validar cuáles son los gastos autorizables es una cuestión sustancial para los partidos ya que ninguna sigla, por buenos que sean sus resultados, puede recibir una volumen de subvenciones superior al de desembolsos autorizados.
El tribunal también reclama que la ley prevea «la debidas sanciones» para las empresas que presten servicios de más de 10.000 euros a los partidos e incumplan la obligación de remitirle las facturas detalladas. Ahora es la Junta Electoral quien debe decidir si las sanciona y cómo. El enfado deriva de que 27 empresas en esta situación dejaron de entregarle su documentación acreditativa de gastos por valor de más de 1,2 millones. La mayoría de ellas, 16, son contratistas del PP, que no han justificado 804.784 euros. El segundo grupo más incumplidor es el de adjudicatarias de CiU (7), con servicios por 371.141 euros.
El informe de las generales, en las que se gastaron 65 millones, el 60% entre PP y PSOE, no refleja irregularidades graves. Pero el tribunal pide que se sancione al PP con el descuento de 4.349 euros de la subvención que le corresponde por rebasar en 54.142 euros el límite de gasto en publicidad en prensa y radio. También recortará 2.522 euros a Geroa Bai por desbordar en 12.312 euros el máximo en publicidad exterior.