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INESTABILIDAD POLÍTICA EN LA REGIÓN

Túnez: Más allá de la violencia

La negación de al-Nadha al Ejecutivo de tecnócratas propuesto por su secretario general y primer ministro del país abre una nueva crisis

ENRIQUE VÁZQUEZ
MADRIDActualizado:

El remedio de urgencia presentado ayer a los tunecinos por su primer ministro para apaciguar los ánimos tras el asesinato de Chokri Belaid – constituir un gobierno de tecnócratas que se ocupe de la gestión en tanto se convocan nuevas elecciones – parecía claramente insuficiente y… además ha sido vetado por su propio partido, al-Nahda.

En efecto, esta mañana, el partido, “que no ha sido consultado” ha desautorizado a Hamadi Jebali que no es un cualquiera, sino el secretario general de al-Nahda ('renacimiento'. en árabe) y se puede suponer que tal cosa ha tenido el aval de la autoridad de referencia, el fundador y líder carismático del partido, Rachid Ghanuchi, quien estaba en Londres cuando ocurrió el suceso.

Ghanuchi se reservó a su vuelta a Túnez del largo exilio tras la caída del dictador Ben Alí en enero de 2011 un papel discreto, de Guía y de unificador, y le fue bien en varios órdenes incluido el electoral: su partido fue el más votado en la elección de la Asamblea Constituyente de octubre de 2011 (90 escaños, triplicando al segundo, el “Congreso por la República”). Formó lógicamente el gobierno, aliado con el segundo y la socialdemocracia progresista ('al-Takattul' o 'el foro'…)

El punto muerto, agravado

Laico hasta el exceso, punzante y un punto extremoso en su manera de hacer política, el abogado Belaid, de 47 años, era un activista de la acción política y su visibilidad material era una sobreactuación en relación con su real representatividad. Pero el campo laico en su conjunto, ése sí amplio, activo y hasta ahora muy metido en el proceso constituyente (hasta el punto de estar en el gobierno y en la reforma constitucional) ha sentido su pérdida como lo que es en realidad: un crimen contra todo ese proceso, contra la democracia naciente y, como dijo el primer ministro, “contra el país”.

Esta unanimidad en la condena no es ritual, sino sinceramente sentida entre otras cosas porque los islamistas de “Al Nahda” necesitan que se visualice el pluralismo real de la sociedad tunecina que la Constitución debe recoger, ordenar y codificar. La lógica, pues, deja suponer que los asesinos son islamistas-terroristas y hay un extendido pronóstico de que si la Policía esclarece el crimen, lo que es muy posible y deseable, no serán sus autores militantes del islamismo oficial, sino de un salafismo en auge que tiene a “Al-Nahda” por tibio.

Pero sea como fuere, el vil asesinato agudiza la polarización social y política y complica gravemente el esfuerzo normalizador en marcha. De hecho el trabajo de la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución, previsto para un año más o menos, expiró en octubre pasado y la situación a día de hoy es un inquietante punto muerto que traduce una cierta imposibilidad de poner de acuerdo a islamistas y laicos.

¿Qué hacer?

Muchas miradas se vuelven hoy hacia la figura del jefe del Estado, el laico moderado Monsef Marzuki, jefe del mencionado “Congreso por la República, hombre íntegro y de autoridad moral, que prevé dirigirse al país por TV. Aunque dotado de pocos poderes por la llamada miniconstitución vigente (a la espera de la definitiva), Marzuki parece la eterna y clásica “reserva de la República” y él es todavía la imagen viva del ciudadano moderado e integrador que, visto lo visto, no abunda.

Markuzi tal vez tampoco esté conforme con que un gobierno de técnicos apolíticos sea un remedio y ha empezado un debate sobre la conveniencia de anticipar elecciones desde el criterio, generalmente recomendable, de “dar la voz al pueblo”… pero los resultados podrían no ser muy diferentes a los de hace año y medio escaso y no resolverían nada.

Lo más útil en primera instancia sería resolver policialmente el delito y detener a los culpables y sus mandatarios… lo que indicaría claramente dónde están los verdaderos enemigos del proceso democrático en curso, amenazado pero no necesariamente descarrilado. El gobierno podría, además, atender la extendida demanda de prohibición de las así llamadas “Ligas de Protección de la Revolución” convertidas en una suerte