ESPAÑA

Valencia amplía de tres a seis piezas de la investigación

Estudia las comisiones en la visita del Papa, la financiación electoral del PP y contratos de la Generalitat

MADRID. Actualizado: Guardar
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ampliado de tres a seis las piezas que investiga sobre las actividades de la trama Gürtel en esa comunidad autónoma. El sumario que instruye el magistrado José Francisco Ceres ha incorporado las investigaciones sobre cobro de comisiones y adjudicación a dedo de los equipos de imagen y sonido de los actos de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II en 2006, las referidas a un amplio abanico de contrataciones sospechosas del grupo empresarial de Francisco Correa con diferentes departamentos de la Generalitat valenciana, y la que analiza posibles delitos fiscales de la trama en las presuntas operaciones de financiación irregular de campañas electorales del PP.

El auto de Ceres organiza esta compleja causa después de que el año pasado el Tribunal Supremo acordase que el Tribunal Superior de Justicia valenciano tenía que asumir la competencia e investigación de todas las ramas de la instrucción de 'Gürtel' vinculadas a la Comunidad Valenciana y que aún formaban parte del sumario central de la trama que es competencia de la Audiencia Nacional.

Las nuevas piezas, de las que la Audiencia Nacional ha remitido al tribunal autonómico decenas de tomos con las declaraciones, diligencias y periciales ya practicadas, engrosan un sumario en el que ya están muy avanzadas otras tres líneas de investigación. A la espera de juicio está la pieza que sentará en el banquillo a exaltos cargos de la Generalitat y a Correa y otros miembros de su grupo de empresas por la adjudicación supuestamente irregular de los contratos de los pabellones de la región en varias ediciones de Fitur.

La otras dos piezas buscan pruebas de que la trama 'Gürtel' ayudó a pagar actos electorales del PP valenciano, tanto regionales como nacionales, con aportaciones en negro propias o de otros empresarios vinculados a la obtención de contratos con la administración autonómica.