La Audiencia de Palma avala el 'striptease fiscal' de Urdangarin

Era el último cartucho que le quedaba a Iñaki Urdangarin para eludir la acusación de fraude fiscal. Y lo ha quemado. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dio ayer luz verde a la Agencia Tributaria para que investigue todas las declaraciones del duque de Palma desde 2003 al 2010, los años de los presuntos negocios irregulares al frente de Nóos y sus sucesoras.

Los magistrados avalaron la decisión de julio pasado del instructor José Castro de someter al yerno del Rey a un completo 'striptease' fiscal y rechazaron el recurso de apelación que interpuso en su día el abogado del duque, Mario Pascual Vives, que acusó al magistrado y a la Fiscalía Anticorrupción de prejuicios hacia su cliente y habló incluso de «investigación prospectiva de su representado» y de indagar en delitos que estarían prescritos.

La Audiencia Provincial entiende que Castro tiene derecho a acordar «la práctica de cualquier prueba que considere pertinente en relación con el objeto del juicio». Además recuerda que esa investigación es necesaria, hayan o no prescrito algunos años, porque «en la presente causa se investigan varios delitos de carácter económico para los que puede resultar necesaria e imprescindible la información que se solicita a la Administración Tributaria».

«Al Juez Instructor le corresponde investigar la presunta comisión de los delitos que se imputan y que luego, en su caso, sentenciará el tribunal. Para dicha investigación puede adoptar las diligencias que considere pertinentes, debiendo atender a las solicitudes de prueba formuladas por las partes personadas», recuerda la Sala de la Audiencia de Palma.

Entretanto, Urdangarin y su exsocio Diego Torres volvieron a recurrir otra decisión de Castro, la de imponerles una fianza civil conjunta de 8,18 millones de euros. Esta apelación, sin embargo, no altera en nada el plazo que tienen para hacer frente a la millonaria caución, que expira hoy a medianoche.

Embargo

Si para entonces el duque y su socio no han entregado en la cuenta del juzgado ese dinero en efectivo, un aval bancario o una garantía hipotecaria, el magistrado podría ordenar el inmediato embargo de sus bienes inmuebles y muebles hasta llegar a los 8.189.448,44 euros.

Esa cantidad debe ser abonada entre los dos imputados, pero por el momento no hay acuerdo alguno entre los letrados de ambos Pascual Vives y Manuel González-Peeters.

El juez impuso la caución en concepto de responsabilidad civil por los delitos que se imputan a Urdangarin y Torres, falsedad documental, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, prevaricación y tres delitos fiscales.

El instructor, a la hora de fijar la fianza, hizo suya la tesis principal del Ministerio Público, es decir que los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe regresado al Estado, más un tercio de penalización.

La Fiscalía fue tajante en su informe que ha servido de base al juez: «Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos».