La transparencia de los partidos

Si alguien tenía dudas sobre el efecto perturbador, nefasto, de las donaciones anónimas a los partidos políticos bastará ya con que mire a su alrededor: han sido fuente de corrupción, como cabía esperar. Sin embargo, tales aportaciones clandestinas fueron legítimas hasta mediados de 2007, cuando la ley 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, de cinco de julio, las prohibió, a cambio de elevar la financiación pública y los techos de las donaciones convencionales. En cualquier caso, en el período 1987-2007, y según datos del Tribunal de Cuentas, se donaron anónimamente a los partidos políticos 100.293.543 euros, de los que CiU se llevó sorprendentemente el 42%. En 2007, se prohibió también que donaran recursos a los partidos las empresas que habían contratado con las administraciones públicas. aunque dichas empresas podían seguir financiado a las Fundaciones de los Partidos. Siempre hay que dejar un portillo abierto a la corrupción.

El cambio producido en 2007 fue ulterior a las lamentaciones del Tribunal de Cuentas, que ni es un verdadero Tribunal, ni tiene poder coercitivo, ni siquiera puede investigar lo que los partidos no deseen mostrar, en el sentido de que no podía controlar eficazmente las donaciones anónimas. Nunca ha habido interés en arrojar luz pública sobre las cuentas de unas organizaciones que siempre han estado bajo sospecha. y que se han nutrido de cuantiosos recursos públicos. En 2012, los Presupuestos Generales del Estado aportaron a este menester 110.376.012 euros, un 12,7% menos que el año anterior. En 2013, hay nuevos recortes que dejan la partida en el entorno de los cien millones.

Es evidente la irritación hacia los partidos, que pese a todo siguen siendo instituciones básicas de la democracia puesto que son el principal vehículo de representación. Que nadie crea sin embargo que hay ánimo de enmienda: la ley de Transparencia que está tramitando el Gobierno, y que debería ser, además de un arma contra la corrupción, un vínculo entre la sociedad y la política, excluye a los partidos políticos de su ámbito de aplicación. Es difícil imaginar otro argumento para esta exclusión que la necesidad de que los partidos se sigan financiando ilegalmente. Glorioso sentido del Estado.