Un concejal isleño dona cada mes lo que gana por asistir al Pleno

En una época en el que el político se ha convertido en el enemigo público uno de la sociedad, sinónimo de escándalo, de búsqueda de su propio interés y beneficio económico. En un momento tan crítico es bueno recordar que no todo está perdido. Es peligroso generalizar y aunque siempre tendrán mayor repercusión los escándalos, también existen personas con cargos públicos que destacan por su voluntad de ayudar a los ciudadanos.

En este saco se puede meter al concejal de Izquierda Unida, Pedro Reyes, que desde que empezó la legislatura ha cedido lo que cobra por su asistencia a los plenos isleños con dificultades económicas. Unos 400 euros mensuales que ingresa en la cuenta del partido para que se encargue de repartirlo a las diferentes personas que acuden a la sede en busca de ayuda. Un pequeño gesto que sirve para creer que aún hay personas que entienden la política como la oportunidad de hacer algo por sus convecinos.

Hay que aclarar que estos 400 euros se cobran independientemente del número de plenos que haya al mes, es decir, que no se acumulan, y que son aparte de las liberaciones de los concejales para atender sus funciones públicas. Algo que tampoco tiene Pedro Reyes puesto que el Ayuntamiento solo le concedió la media liberación, mientras que es responsable en Telefónica de las conexiones de 700 pymes. Es decir, que la empresa le requiere las 24 horas y con media liberación y tal como están las cosas es mejor no arriesgarse a solicitar una excedencia, por lo que decidió declinar esta posibilidad, de manera que atiende los asuntos públicos y se reúne con las entidades una vez que finaliza su horario laboral.

Conciencia ante los desahucios

Bienvenida Romero Vega tiene cuatro hijos, ella y su marido están en paro y el pasado 3 de diciembre la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) le remitió una carta en la que argumentaba que ante el impago de cuatro mensualidades en el alquiler de su vivienda social se va a iniciar un proceso judicial que conllevará la obligación de que deje su vivienda a disposición de Esisa, así como abonar la deuda existente hasta la fecha y los gastos del procedimiento más los intereses. El montante que debe de abonar es de 188 euros y saldrán de los 400 euros que Pedro Reyes dona de las mensualidades por asistencia a los plenos.

Una cantidad que servirá para evitar un desahucio, ya que el poco dinero que obtiene Bienvenida de ayudas sociales lo destina a pagar la comida y las facturas, sin tener a nadie que le eche una mano.

Y todo ello cuando ha sido el primero en moverse para buscar una solución a las viviendas de La Ardila que fueron desalojadas por problemas estructurales del edificio. En uno de esos pisos vivía Ana María Bouzo que se tuvo que ir de alquiler mientras pagaba la hipoteca de su casa, que tuvo que dejar de abonar al no tener suficiente dinero y preferir no perder la vivienda de alquiler en la que ahora reside.

Pues mientras le lleva los papeles de reclamación al banco a través de los abogados de Izquierda Unida, ha conseguido que la Junta inicie en los próximos días pruebas de carga y análisis de los pilares para certificar si se corre algún peligro y los problemas reales de la estructura.

En caso de que sea grave la Junta correrá con la rehabilitación y si no se solicitará al Ayuntamiento que levante la orden de desalojo para que puedan volver a sus casas. Hay que recordar que estas personas tuvieron que marcharse de sus casas en abril de 2011 y que desde entonces no han tenido nunca noticias de cuándo podrían volver de nuevo. Ahora por lo menos ven una salida y que al fin se busca una solución a su situación tras tanto tiempo en el olvido.

Está claro que siempre se le puede y se le debe exigir más y que Pedro Reyes tampoco es un santo, porque nadie lo es, pero su caso al menos sirve para mantener un ápice de esperanza en la clase política.