El PSOE acude a la Audiencia Nacional en busca de la imputación de Rajoy

El PSOE ha decidido ir a por todas. Ha comenzado a mover los hilos a su alcance en busca de la pieza política más grande, la hipotética citación judicial, incluso como imputado, del presidente del Gobierno y líder nacional del PP, Mariano Rajoy.

El núcleo duro de la dirección socialista se reunió ayer para fijar su estrategia ante el escándalo de los manuscritos contables de Luis Bárcenas, que incluyen donaciones empresariales millonarias de origen dudoso y supuestos pagos regulares en dinero negro a Rajoy y a otros miembros de la cúpula del partido gubernamental, en algunos casos, como el del presidente, durante más de una década.

La conclusión, como reconoció el secretario de Organización, Óscar López, fue que hay que actuar con «contundencia máxima» ante el escándalo de los pagos opacos. La evidencia, que «si el presidente del Gobierno está afectado por una ilegalidad es obvio que habría que pedir un adelanto electoral».

La triple estrategia socialista incluye una ofensiva política, para que Rajoy conteste de inmediato si cobró en negro, y otra parlamentaria. Pero la línea estrella, la que realmente pondría en riesgo el futuro del jefe del Ejecutivo, es la vía judicial. El servicio jurídico del PSOE trabaja para tratar de forzar a la Audiencia Nacional a que abra con urgencia una investigación sobre la posible financiación irregular del PP y el pago de sobresueldos recogidos en la presunta contabilidad B.

Vía rápida, vía lenta

Los socialistas están en situación de intentarlo porque son parte en el sumario Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Con la percha de que Bárcenas es uno de los principales imputados en la causa y de que sus cuadernos incluyen donaciones sospechosas de tres impresas vinculadas a la red de Francisco Correa, que supuestamente pagó comisiones a altos cargos del PP en Madrid y Valencia, pretenden que el instructor reclame de inmediato a 'El País' la presunta contabilidad B de los populares que ha publicado para que, acto seguido, encargue un informe caligráfico que demuestre que fue manuscrita durante años por el extesorero.

Si los socialistas obtuviesen luz verde a sus demandas habrían logrado la judicialización, bien dentro del caso Gürtel o en otra pieza separada, de la presunta financiación irregular del PP y habrían abierto la puerta no solo a la toma de declaración de Bárcenas sino también del resto de citados en los documentos, los empresarios donantes y los altos cargos populares. Eso sí, en el caso de que la instrucción se iniciase y llegase al punto de tener que citar a los responsables políticos, entre ellos Rajoy, miembros del Gobierno y diputados nacionales, la causa tendría que ser remitida al Tribunal Supremo, que sería quien acordase si los interrogatorios tendrían lugar al tratarse de cargos aforados.

El camino elegido por el PSOE es rápido y directo. Justo el opuesto al iniciado por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público abrió el 24 de enero, nada más publicarse las primeras informaciones de pagos en dinero negro, unas diligencias informativas para determinar si existe caja B en la financiación del PP, así como el origen de los posibles fondos opacos y su destino. Tomará declaración a Bárcenas, pero, sin embargo, no va a a remitir al juez su investigación hasta comprobar si existen indicios delictivos y quiénes son los posibles autores.

En la Fiscalía no descartan encontrar infracciones administrativas, tanto fiscales como a la ley de financiación de partidos, pero no saben si habrá delitos o si, de haberlos, pueden estar prescritos, al tratarse de operaciones financieras de 1990 a 2008.

Lo que sí pidió el fiscal a Ruz es que reclame a Hacienda todo el expediente sobre la amnistía fiscal a la que se ha acogido Bárcenas y once de sus millones de Suiza.