El juez acusa a Urdangarin de invocar al Rey para delinquir con sus negocios

Usó el nombre del Rey, de la Casa Real y el de su propia mujer para hacer negocios ilícitos. En síntesis, «utilizó en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta Institución del Estado». Movido por el «desmedido ánimo de lucro» no tuvo problemas para valerse del «amiguismo», el «compadreo» e incluso la «prepotencia» para conseguir contratos públicos a los que jamás habría podido optar si no fuera por el «respaldo que le brindaban altas personalidades vinculadas a Zarzuela».

Son 542 páginas plagadas de descripciones de presuntos delitos, irregularidades y chanchullos. Es el auto en el que el juez del 'caso Nóos', José Castro, fija una fianza civil de 8.189.448,44 para Iñaki Urdangarin y Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Los dos exsocios tienen cinco días para depositar, de manera solidaria, ese dinero -con un aval, en efectivo o con bienes como garantía- bajo la amenaza de embargo.

Pero esa resolución es mucho más que un auto para fijar una caución. Es casi un escrito final de acusaciones, en el que el juez, por primera vez y tras dos años de investigaciones, pone negro sobre blanco cuál era, a su juicio, la verdadera actividad del yerno de don Juan Carlos y qué era la galaxia Nóos.

Modus operandi

«Altas personalidades»

Desde el principio, Castro deja claro que todo el entramado Nóos se basó en la figura de Urdangarin y en el uso de sus contactos con la Casa Real. De no haber sido el yerno del Rey, explica el instructor, la fundación nunca hubiera llegado a ser lo que fue. «La directa intervención en persona de Urdangarin» y «el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas con la Casa del Rey» provocaba que «relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública» se doblegaran a las peticiones del duque de Palma «prescindiendo de los obligados trámites», aun cuando los trabajos que éste les ofrecía no tenían ninguna «utilidad» para las administraciones.

Luego los dos cabecillas de Nóos, «conscientes de que ningún control se ejercería sobre el cumplimiento del encargo» por ser quien era Urdangarin, «despachaban» el trabajo de «cualquier manera». Según el juez, en esa estrategia de usar el nombre de la Casa Real para coaccionar a administraciones y empresas participó activamente el secretario de las infantas, el ya imputado Carlos García Revenga, quien «faltó deliberadamente a la verdad» para conseguir dinero para la fundación.

Usó a Zarzuela

«Miembro de la Casa Real»

El juez insiste en que el yerno del Rey en su «misión de captación de entidades privadas e Instituciones Públicas para la concertación de muy variados negocios» no dudó en «cantar las ventajas» que para el cliente sería cerrar un negocio con Nóos, que suponía «contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste (la infanta)» y de Revenga que se presentaba como «asesor de la Casa».

Facturas hinchadas

«Escandaloso»

Obtenido los contratos, el beneficio se «derivaba» hacia las empresas de los dos socios a través de facturas falsas o con presupuestos «sobredimensionados escandalosamente». Explica que hay «centenares de correos electrónicos» entre los implicados para urdir esos chanchullos. Y como muestra incluye un mail entre dos asesores: «Este trimestre nos hemos inventado el resultado del IVA porque no hay papeles. Acuérdate de traer los ajustes extracontables». Y cuando las facturas no eran falsas, los socios «derivaban el beneficio obtenido a Belice».

Ingentes beneficios

«Compulsivo»

El juez señala que fueron «tan sustanciosos los beneficios» de Nóos merced al acoso a entidades privadas y públicas que los socios perdieron los escrúpulo a la hora de esconder que la fundación era todo menos filantrópica. Explica que «se afanaron de una manera compulsiva en facturar inverazmente por cuantos conceptos tenían a su alcance».

La realidad de Nóos

«Lucro desmedido»

«Nóos dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro», apunta el juez, que aclara que, en realidad, jamás pretendió ser otra cosa que un negocio privado. «Ni en los fundadores de Nóos ni en la de quienes han venido rigiendo sus destinos hubo en ningún momento ese desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas que, de otro modo, no hubieran podido conseguir». Castro es tajante: la fundación «en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro».

Administraciones

«No son los únicos»

«Dista mucho de que Urdangarin y Torres -relata el auto- sean los únicos criminalmente responsables» de los más de seis millones de dinero público malversado. El juez ya adelanta que es «imposible imaginar» tal desfalco sin los responsables de las administraciones valenciana y balear, «merecedores del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos».

Valencia

«Descaradamente»

Los convenios firmados por las administraciones valencianas por los que el duque obtuvo más de tres millones, «prescindieron de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y oficiosidad», asegura el juez sin medias tintas. Un descaro que alarmó a los inspectores que han revisado esos contratos: «Los redactores del presente informe (con muchos años de servicio en su actividad profesional) jamás se han encontrado con un supuesto como el contemplado». Castro llega a hablar de «lamentables» convenios firmados por el yerno del Rey y las autoridades valencianas basados exclusivamente en «favoritismos y compadreos»

Baleares

«Imposición»

En Baleares, donde Nóos se llevó más de dos millones, el juez asegura que el duque llegó a una suerte coacción. Allí se «aparcó toda la normativa sobre contrataciones de las administraciones, doblegándose ante quien se presentaba enarbolando una prepotencia, sin duda alguna derivada de su parentesco con el Rey». «Fue una abierta imposición», sostiene el juez.