Posible inconstitucionalidad en la extra de los funcionarios

Nueva victoria de los funcionarios en su lucha para recuperar la paga extraordinaria de diciembre anulada por el Ejecutivo, aunque otra vez limitada en su alcance. La Audiencia Nacional mostró ayer en una resolución sus «dudas» sobre la constitucionalidad del decreto gubernamental del pasado 13 de julio, que suspendía el cobro de ese importante complemento salarial, si bien centradas en «la «irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales», como podría ser el caso.

Es decir, que en la misma línea del pronunciamiento hecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la semana pasada -donde estimaba de forma parcial un recurso de los sindicatos relativo a una empresa regional, en el sentido de que los efectos de la supresión de la extra de Navidad no podían ser anteriores a la aprobación de la medida-, la Sala de la Contencioso de la Audiencia da ahora los primeros pasos para reconocer a todos los funcionarios (su resolución tendría alcance nacional) el derecho a recuperar el cobro de los 14 días de julio que aquellos trabajaron antes de la aplicación efectiva del decreto.

Según cálculos sindicales, los 2,53 millones de empleados públicos de las distintas administraciones podrían conseguir por esa vía (la restitución de los derechos económicos de los días ya devengados para la extra) alrededor de 33 millones de euros, a una media de 120 euros por persona. Y es que el tribunal recuerda que, «como ha aclarado el Tribunal Supremo» en distintas sentencias, las gratificaciones extraordinarias «constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día».

Sin embargo, la Audiencia Nacional aún no ha resuelto este asunto, pues antes ha dado un plazo de 10 días a Administración y sindicatos, amén de la Fiscalía, para pronunciarse «sobre la pertinencia de plantear una cuestión de constitucionalidad» frente al decreto del Gobierno y también el fondo del caso.