¿Qué podemos hacer?

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Eso es lo que dice el artículo 35 de la Constitución Española. Aún en el periodo más álgido del ciclo económico, el mercado de trabajo español presentaba importantes desequilibrios. Por una parte la tasa de desempleo no bajó del 8% y la continua incorporación de inmigrantes se justificaba en la insuficiencia de la mano de obra nacional para la demanda de empleo entonces existente y la cobertura por los inmigrantes de aquellos puestos de trabajo que no querían ser ocupados por los ciudadanos españoles. Cuando se desencadena la crisis financiera y estalla la burbuja inmobiliaria, se equiparó la desastrosa situación económica de España con la del Estado de Florida. Pero Florida tenía de entrada dos ventajas para salir del atolladero: Un Estado Central fuerte, dispuesto a implementar medidas de política económica eficaces, con inversiones públicas en infraestructura y en aquellas que persigan la creación de valor añadido y en segundo lugar, un mercado de trabajo lo suficientemente flexible que se adaptó con facilidad a la nueva coyuntura impuesta por las medidas adoptadas.

Ya en 2007 se sabía el gravísimo problema al que estábamos expuestos y el añadido de complejidad que supone la pertenencia de España a la Zona Euro, que impide realizar políticas monetarias propias. Por lo tanto sólo nos queda una posibilidad cierta y real, la llamada devaluación interna, que posibilite alcanzar mayores cotas de productividad del factor trabajo, lo que en el corto plazo supone básicamente la reducción de la masa salarial y en su caso a extender el tiempo de trabajo, para hacer más competitiva nuestra economía. Porque lo queramos o no, la explicación de las diferencias abismales entre el nivel de vida en los países desarrollados y los que no lo son, pude sintetizarse en el concepto ‘productividad’. Este término se define como la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador en cada hora de trabajo. A su vez esto nos lleva a interrelacionar dos conceptos: la renta de una economía es su producción. La producción española, compuesta por bienes y servicios, exige un precio de equilibrio que vendrá determinado por el mercado. De ahí que si no producimos ni prestamos servicios en cantidad suficiente, que suponga movilizar todos nuestros recursos, es porque nuestros productos y servicios no se ajustan a los patrones impuestos por el mercado, fundamentalmente en lo concerniente con el precio. El componente del precio de estos queda circunscrito al concepto amplio de los costes sociales. De ahí su importancia decisiva en la configuración de los precios de los bienes y servicios.

El ajuste iniciado por la economía española desde 2007, se ha materializado en el sector privado de la economía, en el despido de más de tres millones de trabajadores y en unos recortes salariales mucho más abruptos que los implantados en el sector público. Si le añadimos la desmesurada carga fiscal que todos soportamos, con la finalidad inmediata entre otras, de haber mantenido el empleo estable en el sector público, sobredimensionado de forma escandalosa, debemos concluir que ahora le toca el ajuste a éste. Cada dos puestos de trabajo público mantenidos artificiosamente, suponen la destrucción de cuatro en el privado. A buen entendedor, pocas palabras bastan.