Adiós a las cajas de toda la vida

Antes de julio de 2014, el ya muy reformado sector bancario español sufrirá una nueva convulsión. Se calcula que por esas fechas culminará la definitiva reconversión de las cajas de ahorro. Un segmento del sistema financiero que llegó a alcanzar una cuota superior al 50% en los créditos y depósitos, y que ahora protagoniza no solo un extraordinario proceso de concentración y adelgazamiento -que tendrá como consecuencia directa el cierre de cientos de sucursales y la pérdida de miles de puestos de trabajo-, sino una profunda transformación estructural.

El enésimo cambio de las cajas es una imposición europea, concretada en el MOU o pliego de condiciones de la asistencia financiera que aportará más de 50.000 millones a la recapitalización de la banca española. Pero su inspiración directa procede del Fondo Monetario Internacional. Incansables, los expertos de este organismo llevan casi una década proponiendo cambios en las cajas de ahorro.

Tenían razón en parte, puesto que muchos problemas vaticinados por ellos han acabado por aflorar. La paradoja reside en que esas dificultades han dejado fuera de juego a las cajas problemáticas, de manera que las recomendaciones del FMI se van a aplicar, finalmente, a las entidades más sanas. Aquellas que desarrollaron los mayores vicios han sido nacionalizadas o vendidas. Ya no son dueñas de su destino.

Grandes diferencias

¿Fallaba un modelo que ha permitido a La Caixa acudir al rescate de otras entidades, a la malagueña Unicaja operar aislada de la contaminación de la burbuja inmobiliaria o a las entidades vascas alcanzar los primeros puestos en el ranking del nivel de solvencia? Bajo una misma ley autonómica, y en idéntico marco económico, han desarrollado sus proyectos y actividad tanto las cajas de éxito como las que han fracasado. La atribución de responsabilidades por los fallos parece ser personal y directa.

El FMI no hila tan fino. En mayo de 2010 -por entonces, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estaba enfrascado en la que se suponía la gran reforma de las cajas, con promoción de las fusiones frías, proyectos hoy en fase de extinción- una misión del organismo internacional concluía su informe señalando que el marco legal de las cajas de ahorros debía ser adaptado al nuevo contexto.

«La prioridad legislativa y política tiene que ser impulsar su capacidad para aumentar capital y ofrecer a las cajas la oportunidad de convertirse en sociedades tenedoras de acciones y, de hecho, obligar a ello a las de importancia sistémica».

Unas recomendaciones que pudieron propiciar errores mayores. La suma de dos o más cajas con problemas -decisión atribuible, esta sí, a una voluntad política-, no arregló nada, y menos aún la salida a Bolsa del negocio financiero correspondiente en plena tormenta de los mercados de valores. Bankia y Banca Cívica son ejemplos de esta trayectoria.

Pérdida de confianza

Por añadidura, cuando el recién llegado Gobierno del Partido Popular intentaba solucionar el problema que el fiasco promotor suponía para los balances bancarios -y aquí no solo estaban afectadas las cajas- la desconfianza se adueñó de los mercados y la crisis de deuda soberana se transmitió a todas las entidades financieras. Ni los sucesivos decretos de exigencia de provisiones ni los 'desnudos integrales' de bancos y cajas en las pruebas de solvencia promovidas por el Banco de España o la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sirvieron para restaurar la confianza.

El FMI corrigió el tiro y en la nota técnica que acompañó a la evaluación financiera del verano del pasado año, los expertos del organismo internacional plasmaron los principios del gran cambio que el anteproyecto de ley del Gobierno Rajoy se propone introducir ahora en las entidades de ahorro. «Que una ley estatal determine el papel de las cajas de ahorros y las fundaciones especiales en su calidad de accionistas de los bancos de cajas», aconsejó el Fondo Monetario Internacional. Y así es como se plantea.

El sector ha salvado algunos muebles. Las cajas podrán conservar el control de sus bancos participados en la cuota que ahora mantienen. Y hay esperanzas de que, por la vía de las alegaciones o de la tramitación parlamentaria, ese control, y la defensa de sus intereses, se pueda ejercer directamente. Para ello consideran relevante la compatibilidad entre el patronato de la fundación bancaria y el consejo de administración del banco que es de su propiedad. Las cuestiones competenciales, o el eventual choque de trenes de la legislación estatal con las normas autonómicas, son otra historia.