Montoro sostiene que es irrelevante si Bárcenas se acogió a la amnistía

Si alguien esperaba que Cristóbal Montoro arrojara algo de luz sobre el 'caso Bárcenas' y su supuesto acogimiento a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el pasado año, se equivocaba. El ministro de Hacienda, que compareció ayer a petición propia en el Congreso, defendió que lo único que sabe es que el extesorero del PP «no aparece en el listado de declarantes directos», lo que no significa que no haya regularizado el capital oculto a través de una sociedad, como aseguran sus abogados. «No puedo traer una información de la que carezco en este momento», alegó.

La comparecencia del máximo responsable de la Agencia Tributaria no fue en absoluto tranquila. Montoro se había ofrecido a hablar ante la Cámara baja sobre cómo ha funcionado su polémico proceso de «repatriación» de dinero oculto en paraísos fiscales o territorios de nula tributación con la idea de parar el golpe que ha supuesto, tanto para el Gobierno como para el PP, la noticia de que Luis Bárcenas llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Pero no lo logró.

Ni uno solo de los grupos de la oposición se dio por satisfecho con sus argumentos. El principal fue que es del todo irrelevante que, efectivamente, el antiguo responsable de las cuentas de su partido se haya servido de la oferta excepcional del Gobierno a los evasores del fisco; algo que solo podrá saberse cuando el 31 de diciembre acabe el plazo para la identificación de los titulares de las sociedades que han regularizado fondos. Es irrelevante, según su explicación, porque el proceso no era válido para aquellos que estuvieran bajo investigación administrativa o judicial.

Bárcenas está imputado por cohecho, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, relacionada con el 'caso Gürtel'. Y eso, según Montoro, significa que de haberse producido la regularización sería «inoperante». «No encubre el delito cometido», se defendió en uno de sus turnos de réplica. No se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad. Ese es el límite de la crítica política».

Lo cierto es que esa salvedad de la que él hizo mención se deriva del Código Penal y de la ley tributaria, pero no aparece de forma expresa en el decreto, y el propio ministro matizó su alcance. «El problema de esta regularización no es si una persona se ha acogido o no a ella, este no es el problema -dijo-. El problema será la causa por la que se haya acogido. Si esa causa está sometida a un procedimiento, es inoperante. Si se ha acogido por otra causa, ya veremos».

Con esto, no pudo evitar el tono de «se lo advertí» empleado por la mayor parte de los grupos de la oposición. Todos, salvo CiU, rechazaron ya en su día la amnistía. Y ayer volvieron a recuperar, con la carga de la experiencia, sus críticas. Sobre todo porque ni se han cumplido con las expectativas de recaudación, ni el precio pagado por quienes tenían dinero oculto ha sido finalmente el que el Gobierno planteó.

Montoro explicó que la amnistía ha hecho aflorar 40.000 millones de euros, pero la recaudación ha ascendido a solo 1.200 millones, muy por debajo de los 2.500 previstos. Lo que significa, como se apresuraron a calcular sus adverarios políticos que los regularizados no han tributado al ya goloso 10% sino a una cifra que ronda el 3%.

Fraude

Esto responde a las modificaciones realizadas sobre el decreto para hacer más atractiva la oferta gubernamental, entre ellas, la que permite que en lugar de declarar por todo el patrimonio oculto se hiciera solo por las rentas generadas en los últimos cuatro años, que es el plazo de prescripción de las infracciones tributarias. «Ustedes diseñaron esta amnistía para que se pudieran acoger los defraudadores, y ahora que los españoles se han dado cuenta de lo que había detras, para que no huela mucho, buscan una manera de resolverlo pero su credibilidad es nula», recriminió el portavoz del PSOE, Pedro Saura.

Con él, Montoro tuvo un duro enfrentamiento, al margen de este asunto. Saura aprovechó su intervención inicial para preguntarle si él cobró dinero en B de Bárcenas, como el propio PP trata de dilucidar si ocurrió con alguno de sus dirigentes. El ministro consideró su honor ofendido, tanto que llegó a decir que la pregunta era «ruin e impertinente». «Lo que tiene que hacer el Parlamento -replicó el diputado socialista- es preguntar».

Fue el momento más tenso de la sesión, que duró cerca de tres horas y media, pero no el único. De hecho, además del PSOE, también Izquierda Unida blandió una petición de dimisión a la que Montoro hizo caso omiso.