Ley de transparencia

Faltan muchos días para carnaval pero en Cádiz ya estamos disfrutándolo. Porque nuestro carnaval sería incompleto sin el Falla, en el que las grandes protagonistas son las agrupaciones que, con sus tipos y coplas, hacen de la crítica social, política o económica todo un arte. Lejos ya los tiempos en los que las actuaciones estaban sujetas a censura como cuando solo se permitía interpretar aquellas letras que estuviesen previamente autorizadas. Supongo que esas limitaciones tuvieron mucho que ver con el desarrollo del ingenio, la ironía fina o las frases de doble sentido que caracterizan a nuestro auténtico carnaval. De cualquier forma, sea con estilo y elegancia o, las menos, de manera soez y vulgar, nada escapa hoy al escrutinio y a la llamada de atención por parte de cuartetos, chirigotas, comparsas y coros. Y los casos de corrupción ocupan un lugar importante en esas críticas. El carnaval, tal como lo conocemos por aquí, es algo más que un momento de desinhibición y divertimento; es también la expresión con letra y música de las demandas de la sociedad y, por tanto, un foro al que hay que escuchar atentamente. Y uno de los focos de atención se refiere a los casos de corrupción identificados en el ámbito de la política o de la administración pública. Casos en los que la Justicia debe actuar con la máxima diligencia porque ello va en interés de toda la sociedad pero, también, en el propio interés de la mayoría de los políticos y administradores públicos que llevan a cabo su tarea con honradez y responsabilidad y ven, impotentes, como se les mete en el mismo saco ante la opinión pública. En todos los sectores de la sociedad hay garbanzos negros y el mundo político no es una excepción. Afortunadamente, el hecho de que la Justicia haya encauzado, o esté investigando, a muchos ‘personajes’ nos debe alegrar; porque tiempo atrás ni siquiera nos enterábamos de los casos de corrupción que, seguro, también los habría. Obviamente son los tribunales los que deben aclarar los casos y los que deben actuar para que se nos devuelva el dinero público que haya sido obtenido fraudulentamente. Pero hay que poner también medios preventivos porque solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer como se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos avanzar. Estos son, precisamente, los objetivos del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que el ejecutivo de Mariano Rajoy presentó en agosto, que se encuentra en fase de enmiendas y que deseamos se apruebe cuanto antes en el Congreso.