La tesorera del PP, Carmen Navarro, en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de ayer. :: JAIME GARCÍA
ESPAÑA

Rajoy ordena investigar unas irregularidades en el PP que asegura que no existen

Cospedal y Feijóo se disputan la regeneración de un partido convulsionado por la fortuna que amasó el extesorero

MADRID. Actualizado: Guardar
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Mariano Rajoy rompió su mesura y anunció una doble estrategia para salvaguardar la integridad del PP. Por un lado, el partido hará una investigación interna comandada por la actual tesorera, Carmen Navarro, trabajo que será analizado por una consultora de asesoría externa. Y, por otro, el líder del PP anunció acciones legales contra cualquier persona o medio de comunicación que ponga en entredicho la honorabilidad de la formación que fundó Manuel Fraga.

Rajoy intentó tranquilizar al Comité Ejecutivo Nacional del PP, máximo órgano de dirección entre congresos, y negó con rotundidad cualquier irregularidad. Durante el cónclave quedó acreditado que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núnez Feijóo, rivalizaron sobre cómo regenerar al partido. Cospedal anunció con determinación que expulsará del partido a aquellos dirigentes que hayan cometido alguna irregularidad. El presidente de los populares gallegos, por su parte, sentenció que «los pillos no tienen cabida en el PP» y emplazó a los tribunales a que depuren todas las responsabilidades, aunque matizó que cobrar dinero en metálico no constituye ningún tipo de delito salvo que «no se declare a Hacienda».

Cospedal, no obstante, dejó claro que su partido solo admite que existe una cuenta en Suiza a nombre de Luis Bárcenas que llegó a tener 22 millones de euros, pero que las informaciones sobre la existencia de pago de sobresueldos en sobres con dinero negro a dirigentes del PP son «meras especulaciones».

Del mismo modo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar el procedimiento de regularización fiscal abierto el ejercicio pasado. Rajoy, a puerta cerrada, calificó de «disparate» la acusación del PSOE de que la amnistía fiscal se ideó para beneficiar a una persona en concreto, es decir, a Bárcenas.

Nada de Suiza

Cospedal subrayó con contundencia que el PP «ni tiene ni ha tenido nunca ni ha encargado a persona alguna que tenga ninguna cuenta bancaria fuera de España», aunque comentó que el «PP no se puede responsabilizar de que alguna persona pueda tener cuentas en el exterior en razón a sus actividades privadas».

La secretaria general informó de que todas las intervenciones en el Comité Ejecutivo Nacional aplaudieron la reacción del presidente sobre este asunto. No obstante, hubo matices en las intervenciones de los dirigentes. Esperanza Aguirre animó al líder del partido a aprovechar esta crisis «para cambiar» algunos aspectos del funcionamiento del partido. La expresidenta madrileña aprovechó la ocasión para lanzar una pulla a su histórico adversario y hoy ministro de Justicia: «Querido Alberto (Ruiz-Gallardón), tenemos que intentar que la Justicia sea más rápida», en alusión a que la petición de la comisión rogatoria hizo a Suiza sobre las cuentas de Bárcenas ha tardado cuatro años en ser respondida.

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, acotó que el PP es una organización donde «cada uno no puede ir en solitario»; y el extremeño José Antonio Monago reclamó al PP que no sea complaciente con las conductas corruptas porque si lo es «vamos a tener más crisis de vocación que la Iglesia».

Pero los barones del partido, sin excepciones, no quisieron pasar facturas a nadie y optaron por el apoyo cerrado y sin fisuras a la dirección del PP, incluso alguno aprovechó la ocasión para dar algún coscorrón dialéctico al PSOE por pretender dar «lecciones» a los populares sobre lucha contra la corrupción.

También tranquilizó los ánimos saber que la investigación interna de la tesorera comenzará de inmediato. Luis Bárcenas no comparecerá ante Carmen Navarro, según explicó Dolores de Cospedal, porque está implicado en un proceso judicial que «prima» sobre cualquier investigación interna.