Recortes sociales

La reclamación de la Diputación de Cádiz a la Junta de Andalucía sobre una deuda de 5,4 millones de euros en política social y la inmediata respuesta del Gobierno andaluz al respecto ha dejado muy claro que existe un importante recorte en los servicios sociales. Todos deben algo, pero algunos, incluso deben hasta de callarse. La Administración regional anunció a bombo y platillo en vísperas de la presentación de su presupuesto para 2013 que la educación, la sanidad y las prestaciones sociales eran intocables. El esfuerzo inversor del Ejecutivo socialista se centraba en estos tres pilares por encima de otros. El objetivo era garantizar lo público y mantener el estado del bienestar. Sin embargo, el discurso del presidente, José Antonio Griñán, ha cambiado de forma radical al comprobar ahora que no le salen las cuentas. La réplica que ha dado la Delegación Provincial de Bienestar Social a la reclamación de Loaiza arroja el balón a otro campo. Es decir, embarca la pelota en el tejado del Gobierno de la Nación, al que acusa directamente de ser el responsable de la situación actual por haber metido la tijera en estas partidas. La consecuencia de las medidas del Gobierno de Rajoy han provocado un efecto dominó en las comunidades autónomas que, ahora, se resienten en la prestación de algunos servicios. La explicación resulta lógica. El Estado ajusta su presupuesto y, por tanto, reduce transferencias. Sin embargo, no hay una explicación razonable a los retrasos que acumula la Junta de Andalucía en el pago de sus obligaciones con los ayuntamientos y las diputaciones.

Los 5,4 millones de euros que reclama la Diputación de Cádiz no son una deuda sobrevenida del mes pasado. Al contrario. Se trata de un débito acumulado de los últimos dos años; antes de que Rajoy asumiera las riendas del Gobierno de la Nación. La Junta arrastra deudas con proveedores, con organizaciones sociales y con el resto de administraciones, lo que pone de manifiesto una mala gestión del dinero público. Los recortes que vienen de arriba no deben servir de excusa a la Junta para justificar la grave situación que atraviesan colectivos sociales como el de Afanas, afectado por el impago de nóminas a sus monitores, o Cáritas, que gracias a las últimas donaciones privadas ha logrado salvar el año. Loaiza, como buen político, ha dado la voz de alarma ante una situación que se va de las manos si el Gobierno andaluz no afronta con urgencia sus pagos. Resulta chocante observar como PP y PSOE tratan de cerrar filas en favor de un pacto por Andalucía, igual que en la provincia, y no sean capaces de salvar sus diferencias para garantizar la ley de Dependencia o la Ayuda a Domicilio. Griñán y Zoido, en Sevilla, Antonio Sanz e Irene García, en Cádiz, se han hecho una foto que ya algunos miembros del PSOE, caso del diputado González Cabaña, han tildado de farsa. Este tipo de acciones políticas es cada vez más difícil de entender para una sociedad que esta harta de refriegas y exige soluciones.