Es noticia:
ABCABC de SevillaLa Voz de CádizCádiz
ESPAÑA

Miles de personas exigen a Gallardón que retire el «tasazo»

Los manifestantes solicitan ante la sede del Ministerio un pacto de Estado que garantice el acceso a la Justicia

R. C.
MADRID.Actualizado:

Más mil personas se manifestaron ayer por el centro de Madrid, convocadas por los sindicatos CSIF, CC OO, STAJ y UGT y la Plataforma para Todos, para pedir la retirada de lo que denominaron el «tasazo» judicial y, con ella, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Durante la manifestación, que discurrió entre la plaza de Cibeles, por la Gran Vía, hasta la sede del Ministerio de Justicia, los manifestantes corearon gritos en contra de la ley de tasas judiciales y la privatización del Registro Civil, tales como 'no a la tasas, Justicia para todos', 'arriba, arriba, arriba, vamos entre todos a parar la reforma judicial' o 'indultan al ladrón y hunden al obrero'. Incluso, los asistentes dedicaron al Ejecutivo del PP el lema 'sí hay dinero, lo tiene el tesorero'.

La marcha estaba encabezada por una pancarta en la que se leía 'Gallardón acaba con la justicia para todos'. Entre los manifestantes estaban la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumper; Francisco José Cervera, responsable de justicia de CSI-F en la Comunidad Valenciana, y Eddy Sanchez, coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, que denunció que con la ley de tasas, el Gobierno empuja a la «gran población» para que «no se defienda», de manera que la administración de Justicia sea solo un privilegio «para unos pocos».

El presidente del sector de Justicia de CSI-F, Francisco Lama, denunció que «la política que se está llevando a cabo desde el Gobierno» supone la «privatización» de la Justicia. «Esta manifestación es en defensa del mantenimiento del servicio público de la Justicia», dijo.

Al término del recorrido fue leído un comunicado en el que se exigió que Gallardón atienda las reclamaciones contra las reformas emprendidas que hacen «todos los colectivos afectados y los efectos negativos que estas tienen en la ciudadanía». Por ello, los convocantes solicitaron un pacto de Estado para diseñar una administración de Justicia y mantener el acceso a ella para todos los colectivos, en lugar de limitar los derechos fundamentales.