Recortes sin justificación

El Gobierno andaluz anunció el pasado año que no tocaría un euro de la inversión en política social, educación y sanidad. Se trata de los tres pilares que conforman el discurso mediático del presidente, José Antonio Griñán. De hecho, la Junta elaboró un presupuesto para 2013 donde los servicios sociales, por ejemplo, estaban totalmente garantizados. Sin embargo, la realidad ha demostrado justo lo contrario. La Junta acumula grandes deudas con el resto de las administraciones, lo que hace cada vez más difícil que se puedan cubrir algunos servicios básicos de la Ayuda a Domicilio, la Ley de Dependencia o el plan contra la Drogadicción. La Diputación de Cádiz reclamó el pasado lunes el pago de 3,6 millones de euros al Gobierno regional por el impago del impuesto especial que grava los pantanos y los embalses de la provincia. No es la única deuda contraída que agobia a la provincia. El presidente de la Diputación gaditana, el popular José Loaiza, ha puesto sobre la mesa un tema especialmente grave y espinoso. Se trata de las dificultades que existen para cubrir los servicios sociales este año. La Junta adeuda a la provincia 5,4 millones de euros en concepto de política social. Loaiza aclara que es una competencia exclusiva de la Junta que, sin embargo, la ha delegado en otras instituciones con el paso del tiempo. El colapso financiero llega justo ahora cuando la Junta ha practicado un severo recorte en sus políticas sociales. La Diputación no tiene más recursos económicos para cubrir con dignidad estos programas, que son clave para miles de familias gaditanas. La decisión de la Junta de recortar su participación en los programas sociales también afecta al panorama laboral, ya que deja en el aire la continuidad de una docena de puestos de trabajo entre monitores y administrativos.