Los recortes de la Junta en política social implican ajuste de plantilla y menos servicios

La situación económica que se respira en materia de servicios sociales resulta insostenible para la Diputación de Cádiz. No tiene más recursos para soportar una competencia que no es suya. El presidente de la Corporación provincial, el popular José Loaiza, desveló ayer otro capítulo por entregas de las deudas que acumula la Junta con las instituciones gaditanas.

El pasado lunes denunció los 3,6 millones de euros que el Gobierno regional adeuda desde hace dos años a 14 ayuntamientos de la provincia en concepto del impuesto de bienes inmuebles que grava los pantanos y los embalses de la provincia. Loaiza aprovechó ayer la ocasión para poner sobre la mesa un asunto, si cabe, más grave que el anterior. En esta ocasión denunció los 5,4 millones de euros que debe la Administración regional a la Diputación en materia de política social. Loaiza compareció junto al diputado responsable de este área, el alcalde de San José del Valle, Antonio García, y desgranó punto por punto la cuantía de los impagos. Pero el Gobierno de la Diputación ha ido más allá y ha denunciado que la Junta ha recortado para 2013 el presupuesto en servicios sociales, «lo que pone en serio peligro la prestación de algunos de sus servicios» y, sobre todo, deja en el aire la continuidad de, al menos, una docena de puestos de trabajo. Así, la Junta ha reducido su aportación un 10% en el programa de Drogodependencia y solo ha reconocido 52.000 euros para el primer trimestre del año. Loaiza aclaró que este servicio, al igual que la Ley de Dependencia o el plan concertado de Ayuda a Domicilio, son competencia exclusiva de la Junta, «pero ha delegado esta responsabilidad en otras administraciones, como las diputaciones provinciales, y ahora es incapaz de aportar su financiación».

Por lo que respecta al plan contra la drogadicción, la Diputación de Cádiz sufragó el año pasado el 65% de la inversión, con 6 millones de euros en gastos, frente al 34% de la Junta. Esta actuación permitió el tratamiento de 9.996 personas.

Uno de los mayores tijeretazos de la Junta para este año se concentra, según Loaiza, en la aplicación de la Ley de Dependencia, que se reduce su aportación en un 50%. Este recorte deja en el aire la prestación del servicio y pone en peligro la continuidad de 9 empleados. El presidente de la Diputación aseguró ayer que se negocia en estos momentos el mantenimiento de la totalidad de la plantilla y, sobre todo, lo que se trata es de garantizar el servicio.

El tercer programa donde la Junta aún no ha concretado su participación económica es en el plan concertado de Ayuda a Domicilio. Loaiza destacó que la Diputación puso en 2012 un total de 3,6 millones de euros para sacar adelante este programa, frente al millón de la Junta.

Según las cuentas del Gobierno provincial, todo apunta a que si la Junta no paga la deuda contraída y no concreta más dinero para estos tres programas sociales, «la Diputación tendrá que modificar su presupuesto para hacer frente al pago de estos servicios». En este sentido adelantó que la Diputación tendrá que financiar en 2013 el 83% de las políticas sociales, lo que supone un incremento de 700.00 euros en el presupuesto de la Diputación.