La supervisión europea neutralizará la presión política sobre los bancos nacionales

El Banco Central Europeo (BCE) ejercerá la supervisión bancaria única en la zona euro a finales del primer trimestre de 2014. En España, su ámbito se extenderá al 95% del sector, lo que evidentemente supondrá pérdida de soberanía nacional, aunque también aporta ventajas. Desde el Ministerio de Economía estiman que contribuirá a la recuperación de la confianza y a la consiguiente mejora de imagen ante los inversores. Además, la vigilancia desde una instancia superior ayudará a superar los principales problemas que vienen lastrando el sector del crédito español, desde la contaminación política que afectó a un buen número de cajas de ahorros hasta las fragilidades de la inspección, de nuevo puestas de manifiesto con sus recientes denuncias.

¿Cómo se prepara el BCE? Por el momento, solo tiene unos pocos principios muy claros. Debe reforzar la plantilla actual con la contratación de unos 500 inspectores. Estos profesionales colaborarán estrechamente con los supervisores nacionales, partiendo de unas normas de procedimiento y unas exigencias armonizadas que se aplicarán a todos y que un comité de supervisores se encargará de determinar. Dentro del BCE se habrán de establecer 'murallas chinas' que aíslen el área de supervisión de lo que hasta ahora ha sido la actuación estelar de la institución, la gestión de la política monetaria. Aunque su función esencial consiste en determinar la evolución de los tipos de interés, también marca las condiciones de liquidez que se dan a los bancos.

¿No basta la vigilancia del Banco de España (BdE)? El supervisor español ha pasado de ser considerado modélico a convertirse en blanco de todas las críticas. En tiempos de bonanza obligó a bancos y cajas a constituir un colchón de provisiones que fue tomado como ejemplo por el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Pero en su 'caja de herramientas' no estaban las necesarias para hacer frente a la descomunal crisis que se ha desencadenado a partir de mediados de 2007. Ninguno de los sucesivos gobernadores -Jaime Caruana, Miguel Fernández Ordóñez- logró convencer a tiempo a la autoridad política de la urgencia de profesionalizar la gestión en las cajas. Tampoco denunciaron con contundencia la formación de la burbuja inmobiliaria. En la etapa más reciente, los inspectores les han llegado a acusar de «mirar hacia otro lado» ante las malas prácticas e incluso de ignorar los posibles indicios de delitos.

¿Por qué se enfrentan inspección y dirección en el Banco de España? La confrontación viene de lejos. «Conocemos de primera mano el frágil estado en que se encuentra el mercado inmobiliario en España y las implicaciones que podría tener para la economía española en su conjunto, y para el sector financiero en particular, una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios», denunciaba la Asociación de Inspectores del BdE al entonces vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, nada menos que el 22 de abril de 2005, en una carta remitida igualmente a cada uno de los consejeros del Banco. Formularon durísimas críticas en los tiempos del gobernador Caruana, nombrado por el PP, cuya «candidez» denunciaron. Buenos conocedores de las 'tripas' del negocio bancario, alertaron del riesgo de que incluso «entidades con mejores sistemas de evaluación» se vieran obligadas a entrar en la carrera de conceder créditos para no verse expulsadas del mercado. También encendieron sus alarmas por el recurso a la captación de capital mediante participaciones preferentes, deuda subordinada. Los inspectores advertían entonces de que «esos instrumentos exigen rentabilidades muy elevadas (.) y las condiciones del mercado interbancario del euro pueden volverse menos favorables». En resumen, entre 2005 y 2007, los inspectores que trabajaban 'a pie de obra' ya expresaban su inquietud porque una parte importante del crédito adjudicado no estaba justificada por la rentabilidad esperada, sino más bien por la relajación en los criterios de la concesión de los préstamos.

¿Por qué se han recrudecido las discrepancias? El acuerdo europeo para la asistencia financiera a la capitalización de la banca española (MOU) incluía en su apartado 24 el compromiso del BdE de realizar una revisión interna de sus procedimientos supervisores. Encomendada al consejero Ángel Luis López Roa, este recabó, entre otras, la opinión de los inspectores, que han actualizado sus denuncias y sugerencias. Ahora incluyen también las relativas a evitar la «captura» del inspector y a soslayar la decisiva influencia que sobre la autoridad supervisora ejerce el propio sector. Un inspector aislado y carente de tutela puede sufrir una especie de síndrome de Estocolmo y no detectar las carencias de la entidad a la que vigila, advierten. También se puede sentir influido por el juicio que tenga la autoridad política. Ninguna de sus opiniones fue mal acogida por la dirección del Banco, que estaba trabajando para corregirlas. Pero la alusión de los inspectores a los dirigentes que «miraban hacia otro lado» fue considerada inaceptable. Los tribunales serán los que decidan, aunque lo cierto es que las denuncias por el cauce oficial no abundan -la investigación del 'caso Bankia' partió del partido UPyD-, al tiempo que se extiende la crítica social por las indemnizaciones multimillonarias cobradas por gestores ineficientes, simultáneas a las pérdidas de inversores particulares que nunca tuvieron la información adecuada acerca de donde depositaban sus ahorros.