Torres-Dulce defiende la legalidad del acuerdo ante el alud de críticas

El fiscal general del Estado se vio obligado ayer a salir al paso de las críticas que ha levantado el pacto entre el Ministerio Público y las defensas para evitar la posible entrada en prisión de los imputados en el 'caso Pallerols', alguno de los cuales enfrentaba penas de hasta once años.

Eduardo Torres-Dulce aseguró que no ha existido trato de favor alguno hacia Uniò si bien explicó que los trece años durante los que se ha prolongado la instrucción del caso es algo «excesivo, escandaloso e inasumible en un estado de derecho». Esta tardanza, justificó el fiscal general, «puede llevar a una rebaja de la pena correspondiente en el proceso y teniendo en cuenta las circunstancias se ha llegado a la conformidad de las partes». «La ley ofrece atenuantes por dilaciones que pasan factura en forma de conformidades inevitables», añadió Torres-Dulce, quien insistió en que, a pesar de no haber condena de prisión, se ha logrado un reconocimiento de culpabilidad y se reintegrará el dinero público desviado por la trama.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció que no le gusta el acuerdo alcanzado para evitar el juicio, aunque señaló que es un recurso legal que asiste tanto a los ciudadanos de a pie como a los partidos políticos. Además, Cospedal rechazó de plano que el pacto se deba a una orden política del Gobierno y defendió la total independencia de la Fiscalía.

ERC se lamentó de que al no llegar a juicio «el 'caso Pallerols' se haya cerrado de un modo que los ciudadanos percibirán como injusto», una situación que, en opinión de esta formación, no hace más que perjudicar la imagen de los partidos políticos.