Duran Lleida desoye el clamor para que dimita por el 'caso Pallerols'
El líder de Unió se escuda en que no hubo trama de financiación irregular del partido sino acciones individuales
MADRID / BARCELONA.Actualizado:«Aunque no la conociese (la financiación irregular) yo me sentiría responsable, claro que sí, si la ha habido políticamente debería pedir perdón porque me debería sentir responsable de eso». Las palabras pronunciadas en 2002 por Josep Antoni Duran Lleida se han vuelto ahora en su contra. Todos los partidos políticos exigen que cumpla su promesa y presente su dimisión después de que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) pactase con el fiscal el pago de 388.000 euros a cambio de no ir a juicio por el 'caso Pallerols' y que los ex altos cargos del partido catalán acusados admitiesen haberlo financiado de forma irregular en la década de los noventa con el desvío de subvenciones europeas.
El líder de Uniò ha optado por guardar silencio y no responder a la avalancha de críticas políticas. Su defensa corrió ayer a cargo de la portavoz de su formación, Marta Llorens, quien compareció para descartar cualquier renuncia entre sus filas, la de su jefe incluida. A pesar del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, la dirección de UDC negó que se financiara de forma irregular y se escudó en que el desvío de fondos se cometió a título individual por afiliados que en su momento ya fueron expulsados. En esta línea de defensa, Llorens justificó el pago de los 388.000 euros en la condición de la formación de responsable civil subsidiaria de los delitos de los procesados. Por este motivo, aseguró la portavoz democristiana, no ha lugar a exigir mayores responsabilidades.
Las explicaciones de Unió no convencieron, ni mucho menos, al resto de partidos políticos. Entre los más beligerantes con la actitud de Duran se mostró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La presidenta de Castilla-La Mancha tachó al líder de Unió de «frívolo» e «incoherente» por no renunciar a sus cargos políticos cuando así lo anunció tras destaparse la trama, hace ahora un poco más de una década. Y para apoyar esta tesis aludió a la resistencia de Duran a abandonar su puesto como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a pesar de su declarado independentismo y de hablar de «las cloacas del Estado» en el marco de la investigación policial sobre las supuestas cuentas bancarias que Artur Mas tendría en Suiza. A pesar del pacto entre la Fiscalía y los imputados para que el caso no llegue a juicio, Cospedal consideró, en clara alusión a Duran, que el mero hecho de que no se celebrarse la vista no exime a los responsables del partido catalán de sus responsabilidades políticas.
Un aliado incómodo
El socio de CiU en el Gobierno catalán fue uno de los más madrugadores a la hora de apuntarse a las peticiones de dimisión. ERC siempre ha visto en Duran un estorbo en sus pretensiones independentistas y ha encontrado en esta una ocasión perfecta para apartar de su camino a un político de ideas más moderadas. El portavoz adjunto de la formación republicana, Oriol Amorós, aludió a la obligación moral de asumir responsabilidades políticas cuando se demuestran conductas irregulares o de corrupción, tal y como siempre ha hecho ERC, presumió. Amorós instó a Duran a cumplir con lo que manifestó en 2002 porque «la palabra es el principal patrimonio que tiene una persona y sería bueno que los líderes políticos no faltaran a ella».
Iniciativa per Catalunya no solo se sumó a la ola de peticiones de dimisión sino que además anunció que presentará en el Parlamento autonómico una propuesta para que Duran sea cesado en su puesto de jefe de la delegación catalana en la comisión bilateral entre Estado y Generalitat. A esto sumará la petición de retirada de todas las subvenciones que el Ejecutivo regional destina a Unió. «La corrupción está demostrada, ¿qué entiende Duran por asumir responsabilidades políticas?», preguntó la portavoz ecosocialista, Dolors Camats.
UPyD acudió a la ironía para formular sus críticas y elucubró con que si Duran aún no ha abandonado sus cargos políticos «puede que se deba a que en Telefónica no hay vacantes», en referencia a la reciente contratación por parte de la multinacional española del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Respecto a los 388.000 euros que abonará UDC, la formación de Rosa Díez denunció que ese dinero saldrá de las subvenciones que el partido democristiano recibe del propio Estado.
El PSC optó en un principio por escuchar las explicaciones de Duran antes de exigir cualquier tipo de responsabilidades aunque no dudó horas más tarde en pedir su dimisión al considerar insuficiente la defensa esgrimida por Uniò. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, prefirió no entrar a valorar la actuación de otros partidos si bien manifestó comprender «absolutamente» la indignación ciudadana que ha levantado el caso.