La Fiscalía del Estado investigará si hubo delito en la actuación del Banco de España

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer que la Fiscalía pedirá información al Banco de España sobre el informe de la Asociación de Inspectores para «constatar si hay delito» en las actuaciones que denuncian los inspectores. El fiscal general aseguró que si de los informes se dedujera alguna actividad delictiva «se actuaría en consecuencia», pero recalcó que las prácticas que critican los inspectores pueden ser solo «conductas reprobables, pero sin incidencia en el Código Penal». De hecho, precisó que hasta ahora «no ha llegado ningún dato que permita corrobar» indicio de delito alguno, pero que «se pedirá la información al Banco de España para corroborar la información periodística porque afecta de forma grave a las instituciones».

La información aludida por Torres-Dulce es la publicada en El País, donde se apuntaba que el informe de los inspectores acusaba de que «la forma habitual de reacción ante los indicios de delito era mirar para otro lado». «Si ha existido delito, me preocupa tener los elementos suficientes para perseguirlo, hay que saber si alguien ha vulnerado la legalidad con trascendencia penal y por eso solicitaremos estos informes», explicó Torres-Dulce.

Un portavoz del Banco de España aseguró que el supervisor tiene «un compromiso total y absoluto con la fiscalía y las autoridades judiciales» y que facilitarán, como no podría ser de otra manera, toda la información que se les solicite. El informe de la asociación de inspectores del Banco de España fue uno de los elementos aportados a la Comisión interna que elaboró el informe solicitado por Bruselas sobre mejoras en el procedimiento de supervisión.

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, valoró positivamente la decisión del fiscal general, pero añadió que debería investigar también la actuación «de los responsables de las entidades financieras y del Ministerio de Economía». Todos los procesos de fusión de cajas han sido supervisadas y autorizadas por el Banco de España y el Ministerio de Economía, señala Villa, y ninguno ha salido bien. Por ello, reclama ampliar la investigación de la fiscalía.

El sindicato Manos Limpias presentó ayer una denuncia en los juzgados de guardia de Madrid contra los exgobernadores del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana como «cómplices, encubridores y cooperadores necesarios» en delitos societarios y de administración desleal en base a la falta de investigación de conductas irregulares que denuncia el informe de la Asociación de Inspectores. La denuncia se dirige también contra los ex directores generales de Supervisión del Banco de España durante el mandato de ambos exgobernadores por posibles delitos de falsedad en documento público y de encubrimiento. Virginia López-Negrete, abogada de Manos Limpias, destaca la «mala praxis» con que se ha venido actuando.

Precisamente, el Banco de España va a cambiar el procedimiento de supervisión para tener un control más actualizado de los riesgos de cada entidad y poder tomar «con prontitud» las medidas necesarias para corregirlo si es necesario. Sin embargo, en opinión del responsable de la Federación de Servicios de UGT, el problema no eran las normas de control existentes, sino que «no se actuaba como debería».

Entre las reformas figura la extensión a «todas las entidades relevantes españolas, incluidas las resultantes del proceso de reestructuración», del seguimiento continuado 'in situ', algo que ya se viene realizando desde hace años en las más grandes. Una de las propuestas del informe, realizado por exigencia de Bruselas, tiene mucho que ver con el error cometido por los anteriores gobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez de no alertar lo suficiente respecto a la burbuja inmobiliaria que se estaba formando y no adoptar las medidas necesarias para evitar que afectara a la estabilidad del sector financiero. En este sentido, en la revisión del procedimiento -que ha sido dirigida por el consejero Ángel Luis López Roa- se propone la creación de un Comité de Política Macroprudencial, encargado del análisis y la toma de decisiones en materia de política macroprudencial. La intención es evitar un nuevo colapso por burbujas.

Por otra parte, el Banco de España se propone comprobar que sus requerimientos y recomendaciones llegan a los máximos directivos de las entidades financieras y no se quedan parados en niveles intermedios.