El ocaso de las mancomunidades

El futuro de las diputaciones provinciales parece ahora más claro que hace un año, cuando ganó el PP las elecciones generales. Todo apunta a que estas instituciones, pese a ser verdaderos cementerios para los dinosaurios que deja la política, tienen larga vida y, además, nuevas competencias. La reforma de la ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno de Rajoy plantea ahora la eliminación del millar de mancomunidades que hay esparcidas por las comarcas de España y transferir sus competencias a las diputaciones. Esta medida forma parte de un conjunto de actuaciones que tienden a adelgazar la estructura de la Administración y reducir, con ello, más de 3.500 millones de euros a las arcas públicos. También se incluye la reducción de un 30% del número de concejales en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes. Se trata de una reforma de calado que debe salir adelante con un amplio consenso político y desde hace varios meses, tanto PP como PSOE, han estrechado lazos para sumar esfuerzos. Atrás quedan las declaraciones del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, tras perder las elecciones en noviembre de 2011 y comprobar como el PP asentaba su dominio también en las diputaciones del país, se mostraba partidario de la eliminación de los gobiernos provinciales al considerar que eran un vestigio del pasado. Las tornas han cambiado y el objetivo ahora es otro. El PP y el PSOE podrían haber llegado a un acuerdo en el espinoso tema de eliminar las mancomunidades para dotar de mayor contenido y actividad a las diputaciones. En el caso de la provincia de Cádiz, cuatro instituciones mancomunadas están en jaque. La quinta, la Mancomunidad del Bajo Gualdalquivir, desapareció el pasado noviembre ahogada por las deudas. Resta ahora saber qué ocurrirá con la Sierra, La Janda, la Bahía y la del Campo de Gibraltar.