El Gobierno aprobará este mes por decreto la reforma municipal si no hay acuerdo

El Gobierno aprobará la primera reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de la democracia este mes, previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 18. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no quiere demorar más la poda y modernización de todas las administraciones públicas, una de sus principales promesas electorales.

La determinación es tal que, tras meses de una doble negociación del PP con el PSOE y del Ministerio de Hacienda con la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), el Ejecutivo podría optar por el real decreto-ley para sacar adelante esta iniciativa si al final no cierra un pacto con los socialistas, según apuntan en la dirección popular. Las mismas fuentes recalcan que, si se escoge la fórmula de decreto, después se tramitaría como proyecto de ley para introducir enmiendas.

El Gobierno recurrió en 30 ocasiones el decreto durante su primer año de mandato, pese a gozar con una amplía mayoría absoluta en el Congreso, lo que le garantiza la última palabra a la hora de votar los proyectos de ley.

Representantes de las cúpulas popular y socialista coinciden en señalar que, de momento, no hay acuerdo. En la dirección del PP, no obstante, se muestran optimistas ante un posible entendimiento porque hay un alto porcentaje de coincidencia en los temas más sustanciales. «Es el PSOE el que debe decidir si quiere un pacto global, parcial o de mínimos», subraya un alto dirigente popular.

Según el PP, ya existe concordancia en algunos de los aspectos más polémicos de esta reforma como la cesión a las diputaciones provinciales por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la prestación de servicios básicos; esto es, suministros de agua, recogida de residuos sólidos urbanos y transportes. Dejarían de controlar estos servicios aquellas localidades que no cumplan los requisitos de unos estándares de calidad que determinará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró ayer sin embargo que su discrepancia sobre el papel que el Gobierno pretende asignar a las diputaciones sigue en pie. «Entendemos que detrás de su planteamiento está el intento de privatizar servicios que en estos momentos se prestan por parte de las administraciones; no solo no los harían más eficientes, sino que significaría un deterioro importante en su funcionamiento y una perdida muy significativa de puestos de trabajo», defendió.

La reforma también incluirá un listado de competencias exclusivas de los ayuntamientos, entre las que no estarán ninguna relacionada con educación, sanidad o servicios sociales y que hasta ahora prestaban de manera impropia las corporaciones locales con un coste anual de unos 10.000 millones de euros, según los datos que maneja la FEMP.

Menos concejales

Uno de los nudos gordianos de la negociación pivota, en todo caso, sobre la reducción del número de concejales. El Gobierno pretende acabar con el 30%, pero fuentes del PSOE aseguran que en las últimas semanas se había avanzado hacia una flexibilización de ese porcentaje. Subrayan que, en ese asunto, existe coincidencia entre los alcaldes populares y los socialistas, y que ambos empujan en la misma dirección con el argumento de que el ahorro sería mínimo dado que el 85% de los concejales no cobran.

También está por decidir el futuro de las 1.032 mancomunidades de municipios existentes. Desde el Gobierno se apuesta por la supresión de «cientos de ellas» y la supervivencia de aquellas que hayan demostrado su efectividad. Los socialistas no se niegan a que las que no funcionan desaparezcan, pero matizan que antes es preciso hacer una evaluación de su funcionamiento. Algo que, por otro lado, también contempla el Ejecutivo.

En lo que no hay controversia alguna es en la cuestión de los sueldos de los alcaldes. Socialistas y populares proponen que ningún primer edil cobre más de 71.800 euros brutos anuales -el sueldo de un secretario de Estado-, una cantidad sensiblemente inferior a los que perciben en la actualidad regidores como los de Barcelona o Madrid, que rozan los cien mil euros anuales.

Aún así, Zarrías asegura que tras varias semanas de diálogo fluido, en las que se habían producido avances sustanciales, el acuerdo está en el aire porque el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones que ya habían sido discutidas y modificadas como el de la medición de los estándares de calidad de los servicios locales para determinar si las competencias se traspasan a las diputaciones. «Estamos -apuntó- como en marzo».