Más por menos

La entrada del sector privado en la prestación de servicios públicos surge cuando la Administración se ve imposibilitada de financiar la infraestructura del correspondiente servicio, bien cuando la gestión pública del servicio carece de la más elemental eficiencia. El caso de la sanidad pública española a fecha de hoy, pudiera suponer las dos cosas o ninguna de ellas. Pero hay un dato cierto y objetivamente constatable, el incremento de los costes habidos en los últimos veinticinco años, ni responde a la inflación existente en el período, ni al incremento habido en la población española durante el mismo. Y lo peor de todo es la proyección exponencial del gasto, que en absoluto está controlado. De ahí la importancia de reconducir la cuestión.

Los países europeos de vanguardia en la prestación de servicios a sus ciudadanos se han anticipado. Los países nórdicos (la vanguardia socialdemócrata de siempre) y los dos estados con economías más liberalizadas y capitalistas del continente europeo, (Suiza y Holanda), no sólo encabezan año tras año los índices de libertad económica, sino que con la riqueza que generan sus ciudadanos han sido capaces de construir un buen modelo de servicios públicos en general y sanitario en particular, en el que están siempre presentes los proveedores privados de dos formas. Una, gestionando empresas privadas la prestación pública a través del sistema de conciertos o concesión y, dos, privatización directa de la prestación del servicio, que es satisfecho por empresas y entidades mutuas, compitiendo en régimen de mercado, siendo publico el sistema de financiación.

La legislación española y europea aplicable a la cuestión sanitaria, desde el vértice de sus fuentes normativas, son los artículos 43 y 128 de la Constitución , y la legislación de la UE. Aquella reconoce el derecho a la protección de la salud, competiendo a los poderes públicos su organización y tutela, pero nada dice de su gestión. La legislación de la UE, solo exige que las prestaciones esenciales y básicas sean financiadas públicamente. Tampoco nada dice de su gestión, porque lo queramos o no, Europa nació como un mercado, el Mercado Común y cree en el mercado, como el lugar de asignación de los recursos.

En España, aunque nos parezca mentira, desde hace más de un siglo, existe un subsistema sanitario, antes privado, ahora colaborador del sistema público, análogo con matices al existente en Holanda. Son las mutuas de accidentes de trabajo. Éstas son entidades privadas. En 1994 aparecía como preocupación pública de máximo nivel, el fraude en la prestación de incapacidad temporal transitoria por contingencias comunes, según el informe emitido por la Comisión antifraude del Ministerio de Hacienda. Se cuantificaba el mismo en medio billón de pesetas. El objeto del fraude, se circunscribía al cobro indebido de la prestación. Su cobro indebido solo es posible cuando el sistema sanitario público, único competente para ello, otorgaba indebidamente las altas y bajas médicas. Es sólo un caso de ineficiencia en la gestión pública del sistema sanitario. La cuestión comenzó a arreglarse algo, con la intervención de las mutuas…pero aún no tienen las competencias en las altas y bajas médicas, en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes.