El Gobierno descarta usar la financiación para presionar a Mas

El Gobierno ha decidido bajar el diapasón ante el riesgo, cada vez más real, de que Cataluña emprenda el camino hacia el secesionismo de la mano de CiU y su nuevo socio, ERC. La estrategia de responder a la amenaza con una amenaza mayor ha quedado desterrada y, en un claro intento de no dar argumentos que engorden el discurso del agravio, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría prometió ayer no «confundir planos» y trabajar porque los catalanes «padezcan lo menos posible los rigores de la crisis y la falta de financiación».

En la práctica, eso significa que, pese a la intención de Artur Mas de llevar a cabo una consulta sobre la independencia en 2014, los mecanismos puestos en marcha por el Ejecutivo para prestar asistencia financiera a Cataluña, y al resto de autonomías que tienen cerrado el acceso a los mercados, no serán utilizados como arma. «Este Gobierno -adujo- lo es también de Cataluña y de los catalanes». La afirmación parece de Perogrullo, pero en una semana marcada por la tensión territorial tiene su importancia.

La propia Sáenz de Santamaría advirtió el pasado miércoles en el Congreso de que el Estado dispone de los instrumentos legales necesarios para frenar el referéndum anunciado por las dos fuerzas políticas con mayor peso en el Parlamento de Cataluña y eso abrió la puerta a la especulación sobre una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que permite al Ejecutivo central hacerse con las riendas de una economía díscola.

La posibilidad está ahí, como último recurso. Del mismo modo que la ley de estabilidad aprobada este año permite intervenir una comunidad que se demuestre incapaz de contener el déficit o desobedezca a los requerimientos del Ministerio de Hacienda. Pero Mariano Rajoy confía en que las cosas no lleguen tan lejos ni en el ámbito político ni en el económico. Y, en todo caso, considera que agitar ese fantasma es contraproducente y no ayudará a encauzar la situación, que es realmente su objetivo.

De ahí, el guante blanco exhibido por la vicepresidenta en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. «El Gobierno no habla de hipótesis -dijo frente a los intentos de hacerle desgranar los mecanismos concretos de los que puede echar mano el Estado si los planes del presidente de la Generalitat se cumplen-. El Gobierno tiene que actuar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el caso de que se produzcan actuaciones que son contrarias a las mismas».

En varias ocasiones, la número dos del Ejecutivo apeló a la necesidad de estabilidad y de colaboración institucional para hacer frente a la crisis económica. Y fue difícil sacarle de ahí. «Este es un momento para construir y no para debatir sobre asuntos que crean problemas», adujo. También en lo que se refiere a la situación de las finanzas catalanas optó por la cautela. Y eso que la Generalitat ya ha anunciado que no cumplirá el próximo año y en septiembre había llegado ya al máximo de déficit permitdo para este. A lo más que llegó fue a decir que el Ministerio de Hacienda tomará las medidas «oportunas».

Bruselas como escudo

Incluso cuando confirmó la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a los bancos, aprobado el martes en Cataluña, trató de contemporizar. Se escudó en que el gravamen rompe la unidad de mercado y en que ese es un asunto sobre el que Bruselas ha mostrado preocupación. Pero además hizo hincapié en que es posible que el Gobierno acabe aprobando un tipo único aplicable en todo el territorio nacional.

De momento, lo que ha hecho para neutralizar la medida, que ya existía en Andalucía, Extremadura y Canarias, es crear el impuesto como propio, es decir, reservado al Estado, y ponerle un tipo 0%. Todo vía enmienda del PP en el Senado a la ley de medidas tributarias. Pero Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno no descarta subirlo siempre y cuando, se salvaguardó, haya conformidad en la Unión Europea.

En todo caso, el recurso al Constitucional se fundamentará en que «un Gobierno en funciones no puede adoptar medidas que vayan más allá de lo normal»; en que la competencia es estatal (eso desde este jueves que fue cuando el Congreso aprobó la nueva norma); y en que «no se pueden crear nuevos impuestos mediante decreto».

Lo que no aclaró la vicepresidenta, más allá de sus llamamientos a que «todas las instituciones participen en el objetivo fundamental del país», es qué margen ve el Gobierno para un entendimiento con Mas porque, pese a asegurar que actuará con normalidad democrática en todos aquello que no tenga que ver con la ofensiva soberanista, el envite está en marcha.

Ayer, en todo caso, tocaba serenar los ánimos y a ello se aplicó incluso el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que al ser interrogado por el actitud del Ejército en este debate garantizó que, opiniones personales al margen, está «tranquilo» y no tiene más posición que el «cumplimiento» de la ley.