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caso de los ere

Confirman la fianza de más de 800 millones para Antonio Fernández

Al exconsejero y expresidente del Marco se le imputa prevaricación, malversación, fraude cohecho y falsedad en documento mercantil

LA VOZ LA VOZ
JEREZ. JEREZ.Actualizado:

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros que la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos impuso al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández .

Fuentes del caso han informado que, en un auto notificado esta misma semana, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el abogado de Antonio Fernández contra la decisión adoptada por la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, actualmente de baja por enfermedad.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que, en el auto, la Audiencia Provincial pone de manifiesto que, tal y como indicó en la resolución donde resolvía sobre la prisión del exconsejero, existen indicios suficientes para establecer dicha fianza de responsabilidad civil.

Según las fuentes, la propia Junta, personada como acusación en este caso, se adhirió parcialmente al recurso presentado por el letrado del exalto cargo y pidió rebajar la fianza civil de 807 a 68 millones de euros, tal y como solicitó a la magistrada el pasado día 23 de mayo.

Durante la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción, además de solicitar el ingreso en prisión del exconsejero del ramo, pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 890.052.666 euros, para lo que tomó como punto de partida «el papel principal» del imputado en la «trama» creada para «la dación arbitraria e indiscriminada de los fondos públicos de la Junta de Andalucía». Hay que recordar que el imputado entró en la cárcel de Morón (Sevilla) el pasado día 24 de abril y permaneció en la misma hasta el día 10 de agosto, cuando pudo abandonarla tras pagar una fianza de 450.000 euros.

La juez imputa al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

La fianza de responsabilidad civil responde a los fondos que se han ido abonando entre 2001 y 2010 por el IFA e IDEA en virtud del convenio firmado por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en relación a ayudas sociolaborales y ayudas directas, así como a las ayudas a empresas y personas particulares.