El Poder Judicial y la Fiscalía creen que algunas tasas de Gallardón son «excesivas»

El primer día de aplicación de las tasas judiciales, que eleva el coste para la interposición de un recurso civil o contencioso entre 50 y 750 euros, se solventó con aparente normalidad en los tribunales, pero con mucho ruido en el mundo judicial.

La posibilidad de que estos aranceles «atenten» contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva fue denunciado de nuevo ayer por las asociaciones de jueces y abogados, a los que se sumó, por vez primera, la cúspide del Poder Judicial, el Consejo y la Fiscalía General del Estado, que advirtieron de que algunas subidas de tasas eran «excesivas».

Veinte y siete días después de que el Boletín Oficial del Estado diera el pistoletazo de salida a una de las reformas más polémicas del Gobierno, las tasas judiciales comenzaron a aplicarse ayer en la administración judicial. Solucionados ya los trámites con Hacienda sobre el formulario de pago, los nuevos cánones, que prevén recaudar unos 300 millones anuales para financiar la Justicia gratuita, según el departamento de Alberto Ruiz- Gallardón, vieron la luz entre sombras de sospecha proyectadas por jueces, abogados y fiscales, y las críticas de los partidos de la oposición.

El PSOE, sin ir más lejos, quiere encabezar el malestar judicial y ya estudia la posibilidad de hacer piña con el Consejo General de la Abogacía para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el incremento de las tasas. Para ello necesita que medio centenar de diputados, número que los socialistas reúnen de sobra, secunden la iniciativa. Los fundamentos jurídicos se centrarían en la violación de varios derechos como la tutela judicial efectiva o los principios de garantías e igualdad, según adelantó ayer el presidente de los abogados Carlos Carnicer.

Por orden de jerarquía, el primero en pronunciarse ayer fue Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante la Comisión de Justicia del Congreso aseguró que el órgano de gobierno de los jueces realizará un seguimiento de la ley de tasas tras reconocer que pueden existir «problemas de proporcionalidad» respecto a las cuantías.

Caso a caso

Moliner afirmó que el Consejo ya se pronunció sobre estos aranceles y señaló que los jueces serán los encargados de analizar cada caso concreto. No obstante, recordó que el Constitucional ya ha avalado otras tasas con anterioridad pero poniendo el acento en su cuantía.

Más concreto fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que mencionó que algunos incrementos son «excesivos» y podrían «dificultar» la tutela judicial de los ciudadanos. No obstante, se mostró partidario de que existan tasas como elemento para recaudar dinero con el fin de financiar la Justicia y que no sean todos los contribuyentes los que reciban el «impacto».

Torres-Dulce abordó uno de las quejas más reiteradas de los jueces y fiscales, la ausencia de diálogo del Ministerio de Justicia para tramitar las tasas. «Nos hubiera gustado dar una opinión», criticó el fiscal general en una entrevista en la Cadena Ser.

Precisamente, las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieron ayer en una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asuma un «compromiso real» en defensa de la administración de Justicia y ante el «ejercicio del poder por la vía de la imposición, sin consenso y sin diálogo» que atribuyen al Ministerio.

En la carta, que lleva por título 'Compromiso con la Justicia', aluden a la «indeseable avalancha de reformas legislativas» impulsadas en la presente legislatura por este departamento ministerial. Dicha «imposición», según dicen, se está realizando sin el consenso del resto de fuerzas políticas del Parlamento y «despreciando» los criterios de los profesionales de la administración de Justicia.

En la misiva mencionan «despropósitos» como el intento de reformar el Consejo General del Poder Judicial con la finalidad de «cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial», la «desproporcionada» cuantía de las tasas, la «privatización» de la Justicia y la inexistencia de inversiones en materia de Justicia, donde se registran «ínfimas» ratios de jueces y fiscales respecto a la población.

Las asociaciones también se refirieron a la ausencia de agilidad en las normas procesales, al «endurecimiento innecesario» y populista del Código Penal o la carencia de propuestas que den solución a «las problemáticas más acuciantes de los ciudadanos» como son los desahucios.