«Ochenta para ti, veinte para mí»

Dicen quienes lo han tratado que Ángel de Cabo hacía gala en muchas ocasiones de una actitud «chulesca» y que no tenía ningún reparo en recurrir a métodos al margen de la ley para conseguir sus fines. De hecho, el juez instructor del 'caso Nueva Rumasa', Pablo Ruz, le imputó por realizar prácticas de «extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes». Acostumbraba en muchos casos a terminar sus frases con coletillas siniestras como «atente a las consecuencias», o «te voy a poner un detective». «La mayoría de la gente se acojonaba al escuchar esas cosas. Yo no lo hice», rememora Joaquín Yvancos, abogado de la acusación en el caso que investiga la emisión de pagarés por la familia Ruiz Mateos para financiar Nueva Rumasa.

Pese a todo, De Cabo era consciente de convivir con una posibilidad que le aterraba: acabar entre rejas. «Lo que más temía en este mundo era pasar un solo día en la cárcel», aseguran personas próximas al empresario. Por de pronto, lleva casi dos semanas. El pasado día 5, el juez Eloy Velasco lo envió a la prisión de Soto del Real junto con otros siete de los detenidos en la 'operación Crucero'. El magistrado de la Audiencia Nacional le impuso ese mismo día la más alta fianza fijada nunca por la justicia española, 50 millones de euros.

De Cabo conoce las ventajas de gozar de una posición económica privilegiada entre los muros de una prisión. También de las desventajas. Mario Conde recordaba en 'Memorias de un preso' hasta qué punto se tuvo que rascar el bolsillo para garantizar su seguridad. Y De Cabo es un hombre de posibles. Lo sabe la Policía, que en el registro de su domicilio encontró un millón de euros en metálico y que aún busca otros 199 que completarían los 200 que, según creen los investigadores, atesora el empresario bajo las más diversas formas: en metálico, cheques al portador, inmuebles, cuentas en el extranjero...

¿Cómo llegó un hombre dedicado al negocio de la fontanería a manejar semejante cantidad de dinero? Según el auto de prisión dictado por el juez Eloy Velasco, De Cabo «sería el máximo responsable de una organización dedicada a la captación de empresas en dificultades, de las que se aprovecharía para su beneficio personal, y que controlaría directamente. Para ello se vale de un extenso entramado societario nacional e internacional y de un equipo de profesionales y colaboradores encargados del diseño y funcionamiento del mismo».

Un sistema de vaciado de empresas que supuestamente aplicó en dos grupos: Marsans y, después, Nueva Rumasa, el 'holding' creado a partir de las cenizas del imperio de los Ruiz-Mateos. En ambos casos el método empleado era el mismo. Los empresarios (en el caso de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el caso de Nueva Rumasa, los hermanos Ruiz-Mateos) traspasaban o vendían a compañías propiedad de De Cabo (fundamentalmente Posibilitum y Back in Business) las empresas en proceso de quiebra. Después, el fontanero valenciano, recurriendo a «varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales», vaciaba las empresas de todo tipo de activos, siempre antes de la entrada del administrador concursal.

El botín

El botín obtenido se repartía siempre bajo la fórmula del 80-20: el 80% era para los dueños originales de la empresa; el 20% para De Cabo y sus asociados. En ambos casos, De Cabo se comprometía a abonar a los empresarios una mensualidad en concepto de gastos. En el caso de Marsans, era de 100.000 euros -hasta llegar a una cantidad pactada de 8 millones-, según el juez Velasco. «No solo trataría de obtener el máximo beneficio de la liquidación de las empresas, sino que no haría frente a las deudas de las sociedades respecto de su inversores», consta en un informe policial incorporado al sumario del 'caso Nueva Rumasa'.

El dueño de Posibilitum llega hasta José María Ruiz Mateos a través de Díaz Ferrán, que es quien convence al empresario jerezano (sus hijos ya lo estaban) para que coloque el futuro de su grupo en las mismas manos que gestionaban por aquel entonces el conglomerado Marsans. En una de las reuniones mantenidas con Ruiz Mateos, este le aseguró que las empresas de su grupo valían unos 6.000 millones de pesetas. De Cabo no fue tan generoso en su valoración. «Mire, el precio que tiene esta cadena es un .... es un euro, y se lo voy a demostrar. Se lo demostré ..... y los hijos decían, 'papá, tiene razón, solo vale eso'. 'Eso es imposible, vale miles de millones' ....». Así consta en la declaración del empresario ante el juez Ruz el día 28 de febrero.

En ese interrogatorio queda constancia de la atribulada actividad societaria del acusado, que, a preguntas del juez, dice estar presente -como administrador, consejero, etc...- en un número de sociedades y mercantiles que oscila «entre treinta y sesenta».