Rajoy cierra filas con Gallardón en su batalla contra el mundo judicial

El unánime rechazo de todos los actores del mundo de la Justicia a buena parte de las reformas que impulsa el departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón no supondrá una marcha atrás en los planes del Ejecutivo. Así lo manifestó ayer Mariano Rajoy al salir en apoyo de su ministro y asegurar que goza de su total confianza. «Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente», manifestó desde Bruselas el jefe del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo añadió que comprende que «a la gente no le gusten estas y otras medidas», pero volvió a escudarse en la crítica situación económica por la que atraviesa el país para justificarlas. «El Gobierno no las adopta por gusto», reiteró.

En su férrea defensa de Gallardón tampoco dudó en definir como «equilibrada y sensata» la decisión de subir las tasas en la administración de la Justicia. Esta es, precisamente, una de las propuestas que de forma unánime ha levantado en armas a todos los sectores de la Justicia. Aun así, Rajoy intentó restar relevancia a esta medida. Según las cuentas que expuso, los usuarios pagarán el 10% de lo que cuestan los procesos, mientras que el 90% restante correrá a cargo de los contribuyentes.

El presidente del Gobierno recurrió a modo de ejemplo a Alemania, donde, dijo, los afectados pagan el 43%, proporción que en la media de los países de la Unión Europea se sitúa en el 29%, muy por encima de lo que plantea Ruiz-Gallardón. El presidente también argumentó que el 71% de los casos, como son por ejemplo los recursos a la jurisdicción penal y laboral, quedarán excluidos del pago, lo que a la postre garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la administración de Justicia.

Nuevas críticas

El espaldarazo del presidente del Gobierno a su responsable de Justicia no parece que haya aplacado los ánimos de los distintos colectivos profesionales de la Justicia, que insisten en que Gallardón ha dejado de ser un interlocutor válido y solicitan la intervención directa del jefe del Ejecutivo. En esta línea, el pleno del Consejo General de la Abogacía mostró ayer su preocupación por la situación que atraviesa la Justicia y exigió la aplicación de «medidas debidamente consensuadas que respondan a un plan global». El máximo órgano de los letrados denunció «la falta de receptividad del ministro, que impide cualquier diálogo constructivo».

La Asociación de Francisco de Vitoria, de tendencia moderada, ahondó en las críticas hacia Gallardón. Esta organización de jueces contestó en un comunicado a las declaraciones del ministro, en las que aseguró que las protestas de los jueces responden a «intereses corporativos», en referencia al, a su juicio, empeño en mantener los privilegios laborales que han gozado hasta ahora. La Francisco de Vitoria apuntó que las manifestaciones vertidas por Gallardón solo «inciden en su propio descrédito». «Trata de confundir a los ciudadanos con manifestaciones arteras y no acordes con la realidad», añadió la asociación judicial.