Mas y Junqueras no logran cerrar un pacto de gobierno para CataluñaA Rajoy le «preocupa» el acuerdo
La fecha de la consulta en 2014 fue el principal escollo de la negociación para llegar a un acuerdo
BARCELONA. Actualizado: GuardarArtur Mas y Oriol Junqueras no fueron capaces ayer, tras tres horas de negociaciones, de sellar el acuerdo político para garantizar la estabilidad del futuro Gobierno catalán, que deberá convocar la consulta sobre la autodeterminación y a su vez hacer frente a la situación económica.
El pacto, pendiente de unos flecos que CiU y ERC deberán limar hoy, está previsto que gire sobre tres puntos: asegurar la investidura de Mas, fijar el compromiso para que Cataluña celebre un referéndum y establecer nuevas medidas fiscales y presupuestarias, la mayoría de ellas tendentes a dar un giro fiscal.
Artur Mas no quería, pero al final deberá tragar con un buen puñado de medidas de corte progresista que le proponían los republicanos y que eran condición 'sine qua non' para que la alianza fuera posible. La estabilidad, por tanto, le puede salir cara al president de la Generalitat, ya que el giro social que Esquerra le exigía se podría traducir en un aumento de los ingresos de la administración catalana, vía impuestos, de unos mil millones en 2013, que tratarán de mitigar una cuarta parte del tijeretazo de 4.000 millones que el consejero catalán de Economía fijó como cifra obligatoria para cumplir con el objetivo de déficit. En concreto, Mas con toda probabilidad tendrá que recuperar el impuesto de sucesiones para las rentas más altas, una de las medidas estrella de CiU durante la pasada legislatura y que el propio líder de CiU se negaba a asumir puesto que fue una promesa electoral en 2010.
Además, los equipos negociadores pactaron el incremento del impuesto de patrimonio y el de las grandes superficies y asumieron la creación de nuevos impuestos sobre las centrales nucleares, sobre los pisos vacíos (para incentivar que se pongan en el mercado) y una tasa, llamada euroviñeta, para camiones de gran tonelaje que circulen por las carreteras de titularidad catalana. El euro por receta, que Esquerra también quería derogar, en principio se mantendrá, aunque puede que quien acabe suprimiéndola sea el Constitucional, después de que el Gobierno central anunciara ayer que lo recurrirá.
Desde el punto de vista identitario, el acuerdo con los republicanos también obligará a Mas a ir más allá de lo que pretendía y mucho más lejos de lo que quería el moderado Josep Antoni Duran Lleida. En primer lugar por la consulta, el nudo gordiano de la negociación y el punto central de las elecciones. Esquerra insistió en reclamar mayor concreción para que la consulta se celebre en 2014, mientras que CiU apostaba por fijar un horizonte pero sin acabarlo de concretar sobre el papel.
Los republicanos independentistas querían una fecha concreta y el apretón de manos dependía de ese detalle. La transición nacional hacia el Estado propio que proponía Esquerra reclamaba también avanzar en la creación del primer banco público catalán, a través de la transformación del Instituto Catalán de Finanzas, y dar los primeros pasos para construir la Hacienda catalana.
Coser y cantar
Si el acuerdo fructifica y todo apunta que así sea, Mas tiene garantizada la estabilidad de su gobernabilidad, pero el día a día del próximo Gobierno catalán no será «coser y cantar», como recordó Duran Lleida este viernes. En primer lugar por los problemas económicos, que han llevado a la Generalitat a verse obligada este año a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico para poder hacer frente a los vencimientos de deuda y para asumir los compromisos de pago con sus proveedores y con las entidades sociales concertadas.
Desde el Govern ya han reiterado que recurrirán al rescate financiero en 2013, lo que deja poco margen de actuación al futuro Ejecutivo. La espada de Damocles de la intervención amenaza a la autonomía que incumpla los objetivos de déficit, por lo que la situación financiera no permitirá alegrías ni medidas para la galería, de ahí que las fricciones entre CiU y ERC estén servidas.
De momento, Mas se asegura la continuidad para dos años, hasta la mitad de la legislatura. Es entonces cuando ambas formaciones quieren celebrar la consulta popular, pero con toda seguridad se encontrarán con el rechazo del Gobierno central. La vía que escoja Mas una vez se le agoten las posibilidades legales, la constitucional y la de la legalidad catalana, será la que pondrá a prueba de verdad la solidez de la alianza entre convergentes y republicanos.
Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy cierra todas las puertas para la convocatoria de la consulta, los independentistas reclamarán que internacionalice el conflicto y que recurra a la UE o al Tribunal de Estrasburgo. En función de lo lejos que quiera llegar CiU en la defensa de la consulta, dependerá la viabilidad de pacto. Y es que Artur Mas recibirá continuas presiones de Esquerra para que acelere la faceta soberanista de su Gobierno, pero a su vez tendrá que lidiar con las tiranteces de los moderados de Unió y buena parte del empresariado, que pedirán desde el primer día que aparque su plan independentista.
Mariano Rajoy, aún antes de conocer el contenido del posible pacto de gobernabilidad entre CiU y Esquerra Republicana, mostró su inquietud. «Me preocupa» el acuerdo, admitió desde Bruselas. Señaló que, a tenor de las informaciones que han trascendido de las negociaciones, no podía «estar de acuerdo con las cosas que se dicen» porque «están lejos de lo que yo pienso». Mariano Rajoy se refería a las demandas de los republicanos de crear un banco nacional de Cataluña o una agencia tributaria propia. El presidente del Gobierno señaló que lo sustantivo en estos momentos es la lucha contra la crisis y ese combate requiere «estabilidad» política. En cambio, añadió, si se introducen «factores que provoquen inestabilidad», que es, en su opinión, lo que sucede con el acuerdo entre CiU y Esquerra, «no ayuda nada» a salir de la crisis.
En la misma línea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría alertó que la alianza gubernamental en Cataluña puede ser un «foco de incertidumbre». Algunos de los puntos del acuerdo, subrayó en alusión a la consulta soberanista y a la transición hacia el Estado catalán, «generan inestabilidad», además de estar al margen de la Constitución. «Hago una llamada a la reflexión», comentó en clara referencia a CiU.