Dos arrepentidos ofrecen a la Policía datos de las cuentas de Mas y Pujol

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía negocia con dos posibles confidentes para apuntalar su investigación sobre las supuestas cuentas en el extranjero del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y del exjefe de Gobierno de Cataluña Jordi Pujol. El andorrano-estadounidense Philip MacMahan Bolich, imputado por el 'caso Pretoria' que ya salpicó a varios dirigentes de CiU, y el cerebro informático francoitaliano encarcelado en España Daniel Marcel Falciani, se han ofrecido a los agentes para desvelar datos sobre los presuntos movimientos económicos fuera de España de Mas, Pujol y sus familias a cambio de inmunidad.

Los contactos con los dos arrepentidos constan en cinco documentos policiales a los que ha tenido acceso COLPISA denominados «Análisis de situación- sumario Palau» elaborados por diversos funcionarios de la UDEF. Estos informes, fechados entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de este año, son comunicaciones internas entre responsables policiales sobre las investigaciones en curso y no han sido enviados al juez del 'caso Palau', el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep María Pijuán.

En el análisis número cuatro se apunta que la «información recogida (en ese documento) tiene su origen en algún imputado que dada su situación procesal desea llegar a acuerdos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento a cambio de colaborar con la Administración de Justicia».

De los dos confidentes es McMahan el que está dispuesto a tirar de la manta con más desparpajo. La Policía asegura que el norteamericano afincado en Andorra tiene intención de colaborar porque su situación económica es muy delicada, después de que la juez andorrana María Angels Moreno, a petición de la Audiencia Nacional, le haya bloqueado cuatro millones de euros que tenía en nueve cuentas a raíz de su imputación en el 'caso Pretoria'.

«Ha ofrecido -apunta el documento policial- la posibilidad de informar de todas las operaciones que ha estado realizando en los últimos años a la familia Pujol y a la de Mas y a otros dirigentes de CDC». A cambio reclama «que le liberen la imputación que pueda recuperar el dinero trabado, ya que su actual situación económicas es muy mala y se siente abandonado y traicionado por todos, en especial por el propio Pujol».

De acuerdo con las «autoridades de Andorra», McMahan quiere un «intento de acuerdo» para «reconducir su actual situación procesal», incluso dando datos de «un nivel de actualización próximo al año». El imputado «estaría dispuesto a informar sobre cuentas que -aunque estarían bajo cobertura del empresario F. M. (el nombre completo consta en el informe) y de su grupo inmobiliario- en realidad actuaría de testaferro del propio Artur Mas y de su esposa Helena Rakosnik».

MacMahan Bolich ya ha hecho saber a la Policía que «dirigentes de CDC, en especial alguno de los hijos de Pujol», habrían recurrido a banqueros andorranos (cuyos nombres aporta el documento) para proponerle pagar un 5% de comisión de su «dinero circulante» a «condición de que dicho efectivo no conste en los balances generales, evitándose el riesgo de que tanto las autoridades monetarias francesas como españolas pudieran tener acceso a dichos datos».

El arrepentido -explican los documentos policiales no judicializados- «habría ofrecido la posibilidad de facilitar datos sobre los procedimientos de pago que la firma I. (el nombre completo figura en el borrador) habría realizado para el pago opaco que recibió Josep Pujol (hijo del expresidente) cuando vendió su consultoría, así como los «lugares y cuentas» en los que en los últimos años los tres hijos del exjefe de Gobierno siguen «recibiendo comisiones».

Reunión en la cárcel

En cuanto a Falciani, otro informe fechado el 4 de octubre revela que cuatro días antes de la redacción de este documento, agentes de la UDEF adscritos al 'caso Palau' se reunieron con el informático suizo en presencia de su abogado en la cárcel madrileña de Valdemoro, en la que se encuentra a la espera de ser extraditado a Suiza, donde se le acusa de haber robado información del banco HSBC de Ginebra.

El preso, preguntado por los agentes que investigan a los políticos catalanes, aseguró tener un «disco duro» en el que aparece «información exhaustiva», incluido un «listado de políticos españoles y empresarios» cuya revelación «podría aportar a las arcas de la Hacienda Pública más de 100.000 millones de euros (sic)», entre los que estarían las personas investigadas en el 'caso Palau'.

La Policía destaca en sus documentos internos del pasado octubre que las «primeras gestiones con el juez de enlace de Francia» para que las autoridades galas faciliten ese disco duro, custodiado en París, «parecen ir por buen camino» y que falta solo resolver cómo entregar esos archivos «sin que se pierda la cadena de custodia».