La abogacía también se opone a la prisión permanente revisable

El Gobierno se queda solo en su intención de implantar la prisión permanente revisable, una de las medidas estrellas en la reforma del Código Penal que ultima el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. El Consejo General de la Abogacía Española se sumó ayer a las críticas vertidas en el informe elaborado por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles.

Los letrados consideran que la propuesta «raya la inconstitucionalidad, si no la quiebra totalmente». Su presidente, Carlos Carnicer, sostuvo que «la Carta Magna obliga a que la privación de libertad sea utilizada para reinsertar a los delincuentes» por lo que «si no se libera a las personas a lo largo de toda su vida, ese principio no se aplica». Un argumento idéntico al expresado por Robles en su escrito en el que defiende que «resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno, con la reinserción contemplada en la Constitución». Según el anteproyecto con el que trabaja el Ejecutivo, la prisión permanente solo será revisada tras un cumplimiento mínimo de 25 años y un máximo de 35. En caso de considerarse que el reo no cumple los requisitos para reinsertarse permanecería encarcelado aun habiendo cumplido su pena íntegra.

El Poder Judicial tenía previsto votar ayer el borrador presentado por su vocal, aunque decidió posponer su veredicto hasta el martes dada la extensión del informe, más de 300 páginas. Tras el pronunciamiento de la Abogacía, Gallardón ve cómo se le abre un nuevo frente en su departamento en el que parece que no recabará apoyos entre ninguno de los actores de la Administración de Justicia.