Satisfacción de Rajoy por el avance a la unión bancaria

Cualquier resultado era mejor que nada, y los avances hacia la unión bancaria europea acordados por los ministros de Finanzas y ya amarrados en la primera sesión del Consejo Europeo de Bruselas han sido celebrados por el Gobierno español, «por la certidumbre que aportan». El presidente Mariano Rajoy, que antes de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se reunió con el partido de los Populares europeos, y también con el presidente francés François Hollande, y con el primer ministro italiano Mario Monti, sus aliados en esta causa, no dudó en declararse «muy contento» de los logros obtenidos en un proyecto «por el que España ha trabajado mucho y del que ni siquiera se hablaba hace unos meses». Importantes elementos del plan, que responden a la directa inspiración alemana, fueron minimizados en la valoración.

Parece inevitable que la recapitalización de las entidades españolas engordará la deuda y el déficit del Estado porque la fecha impuesta para el lanzamiento de la unión, marzo de 2014, impide que salga de los fondos de rescate, es decir, de los bolsillos de los socios comunitarios. Además, la casi totalidad del sector español de entidades de crédito se tendrá que someter a la supervisión del BCE, en tanto buena parte del área financiera alemana quedará una vez más al margen. Pero España se da de momento por satisfecha con las ventajas que espera obtener del proyecto común. La principal de ellas, si lo logra, será evitar el contagio de los problemas bancarios sobre la evolución de la deuda soberana.

Pese a las palabras optimistas de miembros del Gabinete, la prima de riesgo no se distendió. Por el contrario, tras un comienzo de jornada esperanzador, al cierre de las Bolsas el diferencial entre las obligaciones españolas a diez años y el bono alemán del mismo plazo había subido a 404 puntos básicos.

El Gobierno restó importancia a que hasta un 95% del sector bancario español -medido por volumen de activos- se vea sometido a la supervisión europea. Las condiciones establecidas -un tamaño superior a 30.000 millones de euros, o que sean instituciones nacionalizadas- abarcan unos dieciséis grupos, mientras dejan fuera a Caja 3, a la supersolvente Banca March y a las independientes cajas de Pollensa y Ontinyent, junto a decenas de cooperativas de crédito.

Las autoridades españolas hace tiempo que vieron en los exámenes públicos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y en los test de resistencia a la banca un instrumento para combatir la desconfianza internacional, aunque lo cierto es que no tuvieron éxito. Ahora opinan que, bien gestionada, la supervisión europea puede ayudar a la credibilidad. Al sector no le hará gracia verse sometido una vez más a diferente trato. Rajoy, no obstante, celebró unos planes que aportan «mucha más seguridad a las entidades, a los que invierten y, sobre todo, a los depositantes».

El ministro De Guindos comentó que «para España no es especialmente relevante» el punto en que se produzca el corte que permite a las cajas de ahorros alemanas seguir únicamente sometidas a la supervisión nacional. A las españolas, inmersas en un intenso programa de fusiones que puede dejar el total de los grupos nacionales en una docena, les hubiera dado igual que el límite se hubiera fijado en 40.000 millones de activos, por ejemplo. «Lo importante es el proceso», zanjó el responsable económico.

Lo que se persigue es que una regulación armonizada ayude a separar los problemas de los bancos de un país de la evolución de su deuda soberana. Hasta ahora, cuando una entidad tiene problemas, el país correspondiente acude a socorrerlo y se endeuda. Sus finanzas se hacen más frágiles, los inversores pierden la confianza en los bonos que emite y, además, los bancos que atesoran su deuda también se debilitan.

La unión bancaria aspira a quebrar esa endiablada trama con la suma de unas reglas y un supervisor común, junto a unos fondos de rescate colectivos. Lo malo es que para España ya no llegan a tiempo. Ni De Guindos ni Rajoy querrían dar por totalmente perdida la causa de que los fondos del auxilio bancario se puedan sustraer de la deuda nacional, pero el núcleo duro de los socios de la UE mantiene el veto a la capitalización directa.