El juez cree «inverosímil» la versión de Díaz Ferrán sobre el crédito de Caja Madrid

El juez Elpidio José Silva Pacheco, que instruye el caso de los créditos por valor de 26,6 millones de euros concedidos por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán, tacha de «inverosímil» la declaración efectuada por el expresidente de la CEOE el pasado día 5. El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid asegura no comprender «cómo no se ha aportado por el imputado justificación del pago del crédito» que le fue concedido cuando formaba parte del consejo de administración de la caja, que presidía otro imputado, Miguel Blesa. «Sobre todo -añade- si se tiene en cuenta de que se trata de una sencilla justificación que pudiera haberse recabado o bien de la entidad Bankia, o bien de la propia oficina bancaria en donde se apertura la línea de crédito».

El juez Silva sostiene en una providencia que Díaz Ferrán incurrió en «evidentes contradicciones» al referir en su declaración que devolvió el crédito «a través de una empresa (Transportes Alcalá) perteneciente a un socio fallecido (.) y en la que ostentaba eminentes intereses pero de hecho, y no formalizados documentalmente». En la querella, presentada por el sindicato Manos Limpias, se acusaba a Díaz Ferrán de ofrecer como garantía del crédito «un holding empresarial que se encontraba en quiebra», en referencia a Marsans.

En su providencia, el magistrado incluye una batería de requerimientos dirigidos a recabar toda la información sobre los imputados y sus actuaciones en el periodo que examina el caso (2002-2010). Por ejemplo, al Banco de España le pide información sobre las operaciones «conocidas y examinadas por los inspectores» relacionadas con Blesa, Díaz Ferrán, «o empresas de las cual sean titulares».

A la dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) le solicita comunicación sobre «operaciones sospechosas de la posible comisión de blanqueo de capitales» en relación con los imputados y las empresas del grupo Marsans. Además, el juez requiere de la Policía datos sobre «las salidas y entradas simultáneas del territorio español» de Díaz Ferrán y Blesa. Solicita también examinar «las direcciones de correo corporativas» de los encausados, «así como el contenido de cuantos correos electrónicos se hayan remitido o recibido desde tales direcciones».