Hacienda publicará la lista de los mayores defraudadores y morosos con el Estado

El Gobierno quiere avergonzar ante el conjunto del país a los contribuyentes que acumulen las deudas más abultadas con la administración, ya sean empresas o particulares. Para ello, el Ministerio de Hacienda prepara reformas legales que permitan hacer públicas las identidades de «los mayores defraudadores y morosos», una práctica habitual en los países de la Unión Europea de tradición anglosajona, Reino Unido e Irlanda, pero que hasta ahora en España no se podía poner en práctica por chocar con la Ley General Tributaria. «Se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro», subrayó el responsable del departamento, Cristóbal Montoro, en el Senado.

Montoro anunció esta iniciativa, que enmarcó dentro de la ofensiva de su departamento contra el fraude fiscal, durante el debate del proyecto de ley de medidas tributarias impulsadas por el Gobierno para reducir el déficit público. Ante el Pleno de la Cámara alta, explicó que su equipo «está estudiando los parámetros objetivos que mejor pudieran servir para configurar, tanto el listado de defraudadores como la identificación de los morosos».

Fuentes de su departamento explicaron que la clave radica ahora en la definición de esos «parámetros objetivos», que deben servir para «diferenciar qué es un gran defraudador o moroso» respecto del resto de contribuyentes a los que reclama dinero el fisco o la administración (la Seguridad Social, por ejemplo) en cantidades menores.

Los expertos del Ministerio de Hacienda tienen que aclarar primero en qué punto del proceso administrativo un contribuyente será susceptible de ser incluido en ese hipotético listado. Podría ser cuando pese sobre esa persona o empresa un acta firme de inspección en la que se le reclame una determinada deuda, o cuando le sean denegados los recursos por esa cuantía. Otra opción podría ser incluir en el listado a aquellos contribuyentes cuyos casos hayan llegado a la justicia ordinaria tras la apertura de expedientes por delitos fiscales de cuantías elevadas.

Tampoco está fijado el volumen objetivo de fraude o deuda a partir del que una persona física o jurídica pasaría a ser considerada «gran defraudadora». Otra incógnita es si habrá o no comunicación previa a estos contribuyentes por parte de la administración para instarlos a cumplir sus obligaciones a fin de no ser incluidos en la relación de defraudadores o morosos.

La secretaría de Estado de Hacienda trabaja desde hace más de un mes a través de la Dirección General de Tributos con la Agencia Tributaria para aclarar todos esos interrogantes. Las fuentes consultadas subrayan que todas las opciones están abiertas, pero insisten en que «la idea principal es ir a por el gran moroso, a por el pez gordo».

Cristóbal Montoro justificó esta medida en el Senado por considerar que «la mayor transparencia» que el Gobierno de Mariano Rajoy propugna desde su llegada al poder debe aplicarse también a los contribuyentes con independencia de la actividad económica que desarrollen o si son personas físicas o jurídicas. Eso significa también que el listado, cuando vea la luz, no se limitará a una actividad específica. «Queremos que afecte a todos los sectores económicos y a todo tipo de contribuyentes, ya sea una empresa o un particular», corroboraron desde su departamento.

Sigilo

Montoro insistió en su intervención en que «no se puede entender tanto sigilo en algunas entidades empresariales o contribuyentes individuales que no dan prioridad al pago de los impuestos». «La lucha contra el fraude descansa, en buena medida, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia del daño que genera el fraude fiscal», añadió.

A fecha de hoy, el Estado tiene vedado hacer públicos datos específicos de personas físicas o jurídicas con cuentas pendientes con Hacienda. La Ley General Tributaria, en su artículo 95, subraya el «carácter reservado» de esta información, que solo podrá ser utilizada para «la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada», para «la imposición de las sanciones que procedan» o para su cesión a otros órganos de la administración (por ejemplo al Ministerio Fiscal, a la Inspección de Trabajo o al Tribunal de Cuentas) al objeto de colaborar en la persecución de presuntas irregularidades o delitos.

El Gobierno ha insistido en sucesivas declaraciones en su intención de reforzar a partir del año que viene la lucha contra el fraude fiscal. Un estrechamiento del cerco que coincide con el fin, el pasado 30 de noviembre, de la amnistía fiscal con que el Ejecutivo quería hacer aflorar 25.000 millones de euros en capitales ocultos al fisco y aumentar la recaudación en 2.500 millones. Los últimos datos dados a conocer por Hacienda sitúa en algo menos de 1.200 millones de euros los ingresos obtenidos por esta vía.

El PSOE sugirió a Montoro que, si piensa publicar un listado de defraudadores, empiece por los que se acogieron a esa amnistía fiscal.