El Poder Judicial ve inconstitucional la reforma penal del Gobierno

Sin matices: la reforma penal de Alberto Ruiz-Gallardón es inconstitucional. El proyecto de informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el mayor endurecimiento del Código Penal de la democracia es muy crítico con las modificaciones que pretende introducir el Gobierno y, en particular, con sus dos medidas estrella: la prisión preventiva revisable y la denominada custodia de seguridad, una suerte de segunda condena añadida a los delincuentes más peligrosos y recalcitrantes, que podrán seguir privados de libertad aún después de cumplir su pena.

El documento, obra de la vocal progresista Margarita Robles, será estudiado hoy por la Comisión de Estudios del Consejo, que deberá trasladarlo luego a pleno de la institución, al que llegará probablemente atemperado, aunque las críticas descarnadas al proyecto de Gallardón probablemente seguirán presentes.

«Resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno, con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución», explica el informe en referencia a la prisión permanente, que según el proyecto del Ejecutivo solo será revisada tras un cumplimiento mínimo de 25 años y un máximo de 35.

Además, recuerda que el propio legislador ya consideró que las penas a perpetuidad como las que dicta la Corte Penal Internacional no eran «compatibles» con la Constitución, por lo que impuso que en España nunca se cumplieran las condenas a cadena perpetua.

La autora del informe aprecia en esta prisión permanente revisable una maniobra populista e insta al Gobierno a desvelar las «razones de oportunidad» que le han llevado a proponer reformas como esta, «sin ampararse en el pretexto de mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia».

Las andanadas de Robles tienen su segunda gran diana en la custodia de seguridad, que, si cabe, provoca «mayor recelo» que la cadena perpetua revisable. Critica sin ambages que esta segunda condena -de una duración máxima de diez años, siendo revisable cada dos años- carezca de un procedimiento para acordar sobre su inicio, revisión, modificación o cese. «La medida resulta de una cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta propuesta», explica la vocal en su informe.

Tanto en el caso de la prisión permanente revisable como en la custodia de seguridad, el Poder Judicial recrimina al Gobierno que no haya establecido un límite máximo de duración, «lo que conduce a un sistema de medidas de seguridad de duración indeterminada y no previsible, sin un control cierto y claro».

Manifestaciones

Los reproches del órgano de gobierno de la judicatura se dirigen también a otra cuestión muy polémica, la reforma del delito de atentado a cuenta de los crecientes altercados en las manifestaciones. Según el texto, introducir en el tipo penal de atentado para «aquellos comportamientos que, en un contexto principal de resistencia pasiva, presentan algún episodio de violencia activa de carácter leve» es «equiparar comportamientos cuya gravedad es desigual».

El borrador del Consejo recrimina al Gobierno por asegurar que la reforma tiene como objetivo terminar con la desconfianza en la Justicia ante la «imprevisibilidad de sus resoluciones». Según la vocal, la Justicia «precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga».