Un sindicato municipal se querella contra Ana Botella por homicidio imprudente

El Juzgado que investiga la muerte de cinco jóvenes en una avalancha humana durante la fiesta de Halloween en el Madrid Arena admitió ayer la personación en la causa como acusación popular del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) y la primera acción de la organización gremial ha sido registrar una querella por homicidio imprudente y prevaricación omisiva contra la alcaldesa de la capital, Ana Botella; el concejal de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos; y tres responsables de la empresa municipal Madrid, Espacios y Congresos S. A, entre ellos el exedil de Economía Pedro Calvo. En caso de que esta demanda fuese admitida a trámite por el magistrado Eduardo López, la regidora y el resto de acusados se enfrentarían a una pena de hasta cuatro años de cárcel más la inhabilitación para desempeñar cargo público.

Según expone el CITAM en su escrito, el Madrid Arena representa lo que se denomina como un «edificio clandestino». Esto es, que opera de facto por mera tolerancia de la administración al carecer de licencias, permisos y planes de seguridad para albergar un evento como el celebrado el 1 de noviembre.

Los trágicos sucesos ocurridos esa madrugada, sostiene el sindicato, «traen causa directa entre otras de tal ausencia de autorizaciones, que los habrían prevenido sin duda». Y la principal culpable de ello es la alcaldesa madrileña, añade, que aún conociendo la ilegalidad no solicitó la pertinente licencia incurriendo de esta forma en prevaricación. A esto se suma el supuesto delito de homicidio imprudente, cometido al no asegurar la regidora y su equipo la integridad de las personas que acudieron a la fiesta.

Más imputaciones

La instrucción judicial sigue su curso. Por el momento son nueve los imputados por la muerte de las cinco jóvenes, a los que hay que sumar al exedil de Economía Pedro Calvo, quien recibirá la notificación oficial durante los próximos días. Ayer, el juez trasladó a las partes su compromiso de que «ni una sola persona» que haya tenido que ver con la tragedia se librará de declarar ante él en calidad de imputado. Una advertencia que podría abrir las puertas a la implicación de más responsables municipales, incluida la alcaldesa y su equipo de gobierno y anteriores regidores municipales, como Alberto Ruiz-Gallardón.

En paralelo a la investigación judicial, los grupos políticos del Ayuntamiento presentaron ayer sus conclusiones de la comisión de investigación que debía arrojar luz sobre lo ocurrido en el Madrid Arena. El PP rechazó cualquier responsabilidad política y consideró en su dictamen que el recinto es seguro y que las avalanchas que se produjeron en su interior se debieron al exceso de aforo, fruto de la masiva venta de entradas por parte de la empresa organizadora, DivierTT.

Unas conclusiones diametralmente opuestas a las presentadas por el PSOE, que insistió en la dimisión de Botella, su teniente de alcalde, Miguel Ángel Villanueva, y otros tres concejales populares.