acto en madrid

Gallardón carga contra jueces y abogados

"Nuestras propuestas se enfrenta a intereses legítimos pero corporativos", defiende el ministro

MADRID Actualizado: Guardar
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El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no se ha mordido la lengua y ha cargado contra los jueces y abogados a escasa horas de los paros convocados en todos los juzgados y tribunales contra sus reformas en la administración de Justicia.

Gallardón hizo una defensa a ultranza de sus medidas más “polémicas”, ha admitido, y ha revelado que las tasas judiciales fueron pedidas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo conservador más numeroso de la carrera, para poner fin al colapso de los tribunales.

Durante su comparecencia en el ‘Foro ABC’, el ministro ha asegurado que una de las causas de la alta litigiosidad en España, con 9,5 millones de asuntos tramitados cada año, es el exceso de abogados, que ha cifrado en 125.000, el doble de la media europea.

Gallardón ha asumido las quejas de los letrados y la posibilidad de que su negocio se vea afectado por este gravamen en la tramitación de los recursos, pero ha defendido que su misión cuando llegó al ministerio era “transformar” la administración de Justicia y acabar con la excesiva litigiosidad.

El ministro tampoco se ha callado sobre las protestas de los jueces y la posibilidad de que en enero convoquen una huelga, y ha atribuido su enfado a cuestiones retributivas y de privilegios laborales con el resto de funcionarios. “¿Cómo no van a estar molestos si les hemos quitado la paga extra y les hemos reducido de 18 a 12 los días libres?”, se preguntó en tono irónico. Un argumento que los propios togados desmienten de forma categórica.

Pese a que Gallardón tiene el patio muy revuelto, éste no ha querido dejar ningún asunto en el tintero y aunque ha hecho un guiño a jueces y abogados, “mi puerta siempre ha estado abierta”, ha dicho, ha avanzado que sacará adelante sus reformas (Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, registros civiles, etc.) con o sin el visto bueno de los profesionales de la administración de Justicia.