El 23 de enero será la vista preliminar del desfalco en el Tribunal de Cuentas

Una nueva fecha. El próximo 23 de enero todas las partes implicadas en la desaparición de los 7,8 millones de euros de la caja municipal, tendrán que presentarse ante el Tribunal de Cuentas para una vista preliminar del caso. Otro paso que se da dentro del denominado proceso contable, el cual pretende desentrañar la responsabilidad administrativa de lo ocurrido en Economía y Hacienda.

Hay que aclarar que esto no significa que se inicie el juicio propiamente dicho. Tan solo que las partes podrán exponer la primera defensa de su actuación ante el desfalco, así como solicitar pruebas y nuevas vías de investigación. Posteriormente tanto el juez como la Fiscalía se encargarán de determinar la ruta a seguir. Precisamente la decisión de la Fiscalía es una de las más esperadas ya que hay que ver si respalda la denuncia expuesta por el Ayuntamiento o modifica las peticiones que recoge este documento, sobre el que versará esta primera vista preliminar.

El objetivo es hacer una especie de careo entre los implicados, como una primera toma de contacto, antes de continuar con un proceso que a pesar de su lentitud continúa avanzando. Para ello, el Tribunal de Cuentas maneja dos escritos relevantes para sentar las bases del caso. En primer lugar la propuesta de liquidación realizada por la Cámara de Cuentas, que determina que los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que el órgano fiscalizador cifra el montante a recuperar en 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero.

En el caso de que se declaren insolventes y no puedan afrontar la deuda serán los responsables subsidiarios los que tendrán que hacer frente a esta cantidad. Entre los que se encuentran los ex alcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, además del actual y anterior interventor y la tesorera.

Lo que pide el Ayuntamiento

El segundo informe es la ya mencionada denuncia del Ayuntamiento que también señala como responsables directos a los dos ex cajeros, pero en la responsabilidad subsidiaria difiere en varios puntos con la Cámara de Cuentas, al determinar que los técnicos son los encargados de realizar las funciones de control, mientras que los ordenadores de pagos se fían de ellos a la hora de tomar las decisiones.

De esta manera los 7,8 millones de euros se reclaman de forma directa a los cajeros, mientras que en los subsidiarios se estima de acuerdo a los complementos específicos. Los técnicos cobran, además de su sueldo, una cantidad de acuerdo a la dificultad y responsabilidad de su puesto y este dinero es el que se les reclama que devuelvan. A José Antonio López Fernández, antes tesorero y ahora interventor, se le pide un importe de 105.847 euros, distribuidos en 57.000 por su cargo de interventor y 48.000 por el de tesorero; a Rafael Monzón Ristori, interventor hasta el año 2006 una cantidad de 61.525 euros; y a la actual tesorera María de las Virtudes Gómez Montero, una cuantía que alcanza los 39.392 euros.

Ahora bien en el periodo en el que el primero ejerció sus funciones dentro del Ayuntamiento se perdieron más de siete millones de euros, en el caso del segundo unos 2,5 millones de euros y en el de la actual tesorera la cifra asciende a casi cuatro millones de euros.

En cuanto a los alcaldes, en la demanda se entiende que la cuantía del resarcimiento «al que puedan estar obligados por los daños producidos durante su mandato tengan que ser necesariamente inferiores al que se les exige subsidiariamente a los funcionarios responsables de la Intervención y Tesorería, que estaban llamados a verificar arqueos y no solamente a firmarlos como el alcalde».

Como la cantidad más baja que se reclama a los técnicos es a la tesorera, unos 39.392 euros, según esta lógica a los andalucistas Manuel María de Bernardo y a Antonio Moreno no se les puede pedir más de esa cantidad. Motivo por el que se les reclama 39.000 euros, cuando en el mandato del primero se perdieron más de 6,5 millones y del segundo 1,2 millones de euros.