La Justicia da un varapalo a Cristina Fernández

El Gobierno argentino recurrirá al Supremo para que revise un fallo de un tribunal de alzada que ha prorrogado una medida cautelar solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios del país, que frena la aplicación de la ley de medios audiovisuales.

"Se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia", ha señalado el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, en declaraciones a la agencia oficial Télam.

La Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal ha prorrogado la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa iniciada por Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Parlamento en octubre de 2009 por impulso del Gobierno de Cristina Fernández.

"Hace instantes el grupo Clarín ha sido notificado de la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial que dispone la extensión de la cautelar hasta que exista sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios", ha indicado Clarín en un comunicado. La empresa ha asegurado que "como durante todo el trámite de esta causa, el grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia".

Desinversiones

Este viernes vencía la medida cautelar por la que hasta ahora estaba frenada la aplicación de una parte de la ley que obliga a los grupos de medios a desinvertir en caso de poseer licencias de radio y televisión más allá de la cantidad límite permitida por la norma.

Según ha informado el Centro de Información Judicial, la resolución lleva las firmas de los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. En su resolución, los jueces expresan que la vigencia de la medida cautelar se prorroga "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer".

La ley de medios audiovisuales, que sustituyó a otra dictada en 1980, durante la dictadura militar, ha sido eje de una fuerte controversia entre Clarín, el mayor conglomerado mediático del país, y el Gobierno de Fernández, que este miércoles había recusado precisamente a los jueces que integran la cámara que hoy extendió la medida cautelar a pedido del grupo empresario de comunicación. Los jueces han rechazado asimismo en su fallo las recusaciones planteadas por el Gobierno.

La Afsca había puesto plazo hasta la medianoche de este viernes para que la veintena de grupos de medios excedidos en su cantidad de licencias presentaran su plan de adecuación voluntaria a la norma. Pasado ese plazo, Sabatella había dicho que el próximo lunes se presentaría en las empresas que no hubieran presentado un plan de desinversión para notificarles del inicio de un proceso para la transferencia de oficio de sus licencias.

Tras conocerse la decisión judicial, el titular de la Afsca ha tildado al fallo como una "vergüenza" y ha afirmado que "la Justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

En este marco, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) iniciaron el jueves una misión de dos días en Buenos Aires para mantener reuniones con periodistas, representantes de medios y parlamentarios, según han confirmado fuentes de la organización.

El objetivo de la misión no es "defender al grupo Clarín" en su batalla contra la ley de medios, sino determinar "si está en juego la libertad de expresión y prensa" en Argentina, dijo el miércoles Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

En tanto, la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica, ha presentado en el Parlamento un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, por sus supuestas presiones a la Justicia tras haber recusado a los jueces y un escrito ante la Corte Suprema con una copia de ese proyecto. Simultáneamente, la Unión Cívica Radical, la mayor fuerza de oposición en el Congreso, ha anunciado que también promoverá el juicio político de Alak y que además le denunciará penalmente por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".