Un indulto político
El consejero de Interior, Felip Puig, y antes la socialista Montserrat Tura promovieron la medida de gracia que aprobó Gallardón La Generalitat pactó con el Gobierno el perdón a los mossos «torturadores»
Actualizado:De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a 7.200 euros de multa. Todo ello en solo nueve meses. Así se escribió la historia del doble indulto parcial concedido por el Gobierno a los cuatro mossos d'esquadra condenados por detener ilegalmente y torturar a un hombre al que confundieron con un atracador en Barcelona en 2006.
Un polémico perdón que provocó esta semana una inusual contestación de la carrera judicial con un manifiesto firmado por 200 togados. Decisión «arbitraria» y «política» fueron algunos de sus adjetivos. Por su parte, el Ejecutivo defendió su postura con argumentos un tanto antiguos. Señaló que los jueces no pueden entrometerse en competencias que no son suyas, sino del Gobierno por una ley del siglo XIX.
Estos son los hechos conocidos hasta ahora pero, ¿qué hay detrás de un indulto que tiene importantes connotaciones políticas y sociales y que, ni por asomo, reúne el perfil común de los más de 400 beneficiados con esta medida de gracia en lo que va de año?
La intrahistoria arranca en noviembre de 2009. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó gran parte de los recursos de los cuatro mossos contra la condena a seis años de prisión que les impuso la Audiencia de Barcelona en 2008.
Tras estimar únicamente el agravamiento por ensañamiento con el ciudadano rumano Lucian Padoraru, el alto tribunal les condenó a cuatro años y seis meses de cárcel e inhabilitación profesional, es decir, expulsión del cuerpo.
Curiosamente, un mes antes, en septiembre de 2009, la sala también condenó a dos mossos a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por otro delito de lesiones, contra la integridad moral y desproporción policial en una detención. Así las cosas, llovía sobre mojado.
Entonces, gobernaba en la Generalitat el denominado tripartito y la consejera de Justicia, Montserrat Tura, del PSC, y, en menor medida, su compañero de Interior, Joan Saura (ICV), ya mostraron su disposición a pedir el perdón para los mossos tras la ola de apoyos que se gestó en la propia institución.
Prisión o exceso
El argumento extraoficial fue que la condena a prisión «no había sido lo bastante ponderada». Esta tesis la abrazó con fuerza el Gobierno de CIU tras volver al poder en 2010 y, en particular, su consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra, Felip Puig.
Desde su departamento destacan que se trata de un caso «realmente excepcional», «potestad del Gobierno español», según señaló el viernes el propio Puig, y que cuenta con apoyos de diferentes partidos políticos, de los sindicatos e «incluso de la persona perjudicada que se detuvo por error», en referencia a Lucian Padoraru.
Esta cita, sin embargo, habría que ponerla en cuarentena, ya que dos años después del incidente el torturado aseguró desde Brasov, en la región rumana de Transilvania, donde vive ahora, que para él los mossos que le atacaron solo eran «delincuentes con placa». «No me gusta que alguien vaya a la cárcel, porque las familias se rompen. Pero estos policías... ¡Llegaron al juicio riéndose!», declaró a 'El País'.
Los informes preceptivos del indulto ya esperaban en la mesa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando llegó al departamento hace once meses. Se valoró que los condenados no tuvieran antecedentes, la actitud de «profesionalidad y trabajo» ante la persecución del delito de sus expedientes y que hubieran satisfecho la responsabilidad civil de la condena.
Así, en febrero pasado, Justicia les concedió un primer indulto parcial al reducir a dos años las penas de prisión, con la expectativa de que los policías no entrasen en la cárcel. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona se mantuvo firme y ordenó su ingreso en prisión por razones de prevención general, peligrosidad criminal, repulsa y alarma social.
Los recursos presentados fueron desestimados. Y, ante esta situación, el Gobierno siguió en sus trece y en virtud de una norma de 1870 les concedió un segundo perdón parcial el pasado 23 de noviembre, que conmutó la pena de prisión por multa y la inhabilitación por suspensión, con el consiguiente reingreso en el cuerpo. Pero más allá de las críticas, el aldabonazo para el Gobierno fue el manifiesto de los 200 jueces alentado desde el Supremo, donde aún perdura el enfado por el indulto parcial que José Luis Rodríguez Zapatero concedió al vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz, lo que le permitió seguir en el banco. Entonces también se habló de «perdón político».