El precio de la ciudadanía

Permanece fresco todavía el debate entorno a la necesidad de incluir en los contenidos curriculares de nuestros escolares la educación en actitudes respetuosas y solidarias, dialogantes, responsables y comprometidas con el interés general de la comunidad. A la contraparte le obsesionaron más los tóxicos matices ideológicos que a su entender incluían los temas de aquel programa. El asunto llegó a los Tribunales y sus señorías sentenciaron que la Educación para la Ciudadanía debía continuar en el cajón. La Cumbre de mandatarios iberoamericanos puso fin al compendio de eventos conmemorativos de la promulgación de una Constitución cuya principal innovación fue el alumbramiento del concepto de ciudadanía y entre los que, a pesar de ello, no se incluyeron acciones relevantes encaminadas a poner sobre la mesa el papel de los actuales ciudadanos en el funcionamiento de la sociedad a la que pertenecen. Pero el gobierno ha metido la directa y se ha propuesto incrementar el número de españoles a base de ofrecer el reconocimiento de tan preciado status por la módica cantidad de 160.000 eurillos de nada.

A lo largo de mis más de cuarenta años de activa militancia en colectivos sociales y organizaciones humanitarias, he aprendido que una cosa es contribuir al sostenimiento económico de una entidad y otra, bien distinta, coadyuvar a la consecución de sus fines. Percibo, por ello, con facilidad que son muchas las asociaciones que, amparándose en la recurrente crisis, andan hoy más ocupadas en captar financiadores que en favorecer el desarrollo de sus propios objetivos. En la proporción que les toca y en la línea que apunto, los del gobierno de turno se han olvidado hasta de aquello de la 'unidad de destino en lo universal' que ya es y ofertan Cartas de Ciudadanía por la compra de un pisito, eso sí, a partir de los 160.000 euros. Son éstos, deben pensar, los ciudadanos que ahora precisa el país los que entran por dónde tienen que entrar y con sus euros bajo el brazo. Va ha ser lo mismo que quienes nos invaden en pateras y además ya vienen haciendo gastos; servicios de vigilancia, mantas, atención sanitaria, traslados y estancias a los CAT y repatriación, entre otros. Eso no hay quien lo controle, ni lo soporte. Para que luego nos digan de la escasa capacidad gestora de nuestros representantes y de su limitada interlocución con los poderes financieros a los que con esta conspicua medida descargan de sus activos. Por otro lado y de un plumazo, se adelantan en compensar el descenso del índice de natalidad que ya se anuncia para el año en puertas. Esto si que es oficio y dedicación a la 'res pública'.