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Artur Mas se refleja en una ventana durante la rueda de prensa que protagonizó ayer en Barcelona. :: JOSEP LAGO / AFP
ESPAÑA

El Gobierno avisa a Mas de que «tiene unos planes de ajuste que cumplir»

La vicepresidenta le aconseja que antes de elegir a ERC como socio recuerde que desbordar el déficit acarrea la intervención

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El Gobierno envió ayer un serio aviso a Artur Mas. Soraya Sáenz de Santamaría recomendó al futuro presidente de la Generalitat que sopese con mucho cuidado su intención de asociarse con Esquerra Republicana, un partido muy crítico con los recortes de gasto en los servicios públicos, porque Cataluña «tiene unos planes de ajuste que cumplir», un compromiso obligado con el Ministerio de Hacienda. Estos planes hacen inevitable la aprobación de un recorte presupuestario de al menos 4.000 millones en 2013, tanto como la suma de todos los durísimos ajustes realizados por el Ejecutivo de CiU en los dos años anteriores, un tajo inédito en la historia de esta comunidad.

La vicepresidenta del Gobierno avisó a Mas de que no tiene las manos libres para hacer lo que le parezca y que antes de pactar una política económica y presupuestaria concreta con un socio de legislatura, con la que pueda modificar la presente austeridad del gasto de la Generalitat, recuerde que el cumpliento de los objetivos de déficit y los topes de deuda que le ha marcado Hacienda, así como los plazos de devolución de los préstamos que ha recibido, no son una opción sino «una obligación legal».

Se trata, insistió, de un mandato recogido en la ley de Estabilidad Presupuestaria que, en caso de incumplimiento grave y reiterado, abre las puertas a la intervención financiera de la autonomía por parte del Estado. El ministro Cristobal Montoro, adelantó, va a exigir el cumplimiento sin margen para desviaciones.

Por si el mensaje no era suficientemente claro, la número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy recordó al líder nacionalista que el Estado ha salvado este año a Cataluña de la bancarrota y la suspensión de pagos con préstamos por valor de 13.000 millones entre pagos a proveedores, adelantos y dinero del fondo de rescate autonómico para la refinanciación de la deuda histórica y el nuevo déficit. Y que, para lograr estas ayudas, la Generalitat se comprometió a muy duros ajustes, que obligarán a unas políticas impopulares que no pueden ser ignoradas por intereses políticos o electorales.

Rectificación

Santamaría disfrazó el avisó personal a CiU de «llamamiento» del Gobierno a todas las comunidades en dificultades, a las que demandó que conviertan la disciplina presupuestaria y la lucha contra la crisis en la prioridad máxima de sus gobiernos, sin distraerse en asuntos menos urgentes. Pero no ocultó que se dirigía especialmente al futuro presidente de Cataluña, a quien dijo que «tiene que ser muy consciente de esas prioridades a la hora de elegir sus opciones» y socios de gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, de hecho, solo profundizó en el mensaje que Rajoy ya le había transmitió al líder de CiU en su llamada telefónica del miércoles pasado. Que las administraciones públicas españolas, y especialmente Cataluña, están en serias dificultades financieras por efecto de la crisis económica y, sin citar el debate soberanista, no pueden permitirse el lujo de tener otras prioridades que el cumplimiento de los ajustes presupuestarios y la creación de empleo.

Detrás de todos estos recordatorios está, además de la obvia necesidad de cumplimiento por parte de España de los objetivos de déficit exigidos por la UE, la reclamación de los populares a Mas para que, tras su fracaso electoral, rectifique y aparque el desafío soberanista, vuelva al marco constitucional, y se centre en sacar a Cataluña y a su administración pública de la crisis. Es más, en el caso improbable de que CiU esté dispuesta a dar ese giro, el PP se avendría a negociar con Mas su apoyo político para que la Generalitat saque adelante los impopulares ajustes presupuestarios, como ya hizo en los dos ejercicios anteriores.

Santamaría no entiende el empecinamiento del presidente en la vía independentista después de que, tras un adelanto electoral con el que buscaba la mayoría absoluta para convocar un referéndum de autodeterminación, CiU cayese de 62 escaños a 50. «Cuando se hacen determinadas apuestas con determinados resultados -concluyó-, lo más coherente en política, y creo que también lo más sincero, es hacer un análisis frío y objetivo» del fracaso.